
Ciudad de México, 3 de junio de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) junto con la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en la Ciudad de México a Antonio Molina Díaz, excoordinador general de Prevención y Readaptación Social durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La detención se realizó en la colonia Anáhuac, alcaldía Benito Juárez, bajo una orden judicial por presuntos delitos de peculado y crimen organizado, relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) investiga su posible participación en una red criminal vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Durante la aprehensión, las autoridades aseguraron identificaciones falsas, teléfonos celulares, 2 mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos mexicanos. Antonio Molina fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No.14 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para definir su situación legal.
Acusaciones por desvío millonario en cárceles federales
La Fiscalía señala que Molina Díaz firmó contratos para la construcción de ocho cárceles federales entre 2013 y 2018, periodo en el que fungió como coordinador general de Centros Federales de Readaptación Social. Se le atribuye el presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos en estos proyectos.
Además, Antonio Molina tuvo un cargo en el Instituto Nacional de Migración (INM) como director general de Control y Verificación Migratoria. Fue vinculado a proceso por uso indebido del ejercicio público tras un incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó un saldo de 40 personas extranjeras fallecidas y 42 sobrevivientes.
Implicaciones y seguimiento del caso
La detención forma parte de una investigación más amplia sobre corrupción y crimen organizado en el sistema penitenciario federal. La FGR continúa recabando pruebas para determinar responsabilidades y posibles vínculos con otras figuras públicas.
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