Internacional, 23 de octubre de 2026.- Más de 120 tripulantes de cruceros fueron detenidos en Estados Unidos durante la Operación Maremoto, una investigación federal contra presuntos delitos de explotación sexual infantil.
Las detenciones ocurrieron en varios puertos estadounidenses, incluyendo Boston, Massachusetts; San Diego, California; y San Juan, Puerto Rico. Los tripulantes, que formaban parte de la tripulación de 25 cruceros, fueron interrogados y sus teléfonos móviles revisados.
Posteriormente, la mayoría de los detenidos tuvo revocados sus permisos de desembarque condicional y fueron deportados. Hasta ahora, solo un caso ha avanzado a proceso judicial federal.
El detenido en proceso es Bobby Prieto, un ciudadano filipino de 35 años, arrestado el 24 de septiembre cuando el crucero Norwegian Jewel se preparaba para atracar en el puerto Flynn de Boston. Prieto permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras continúa el proceso legal.
Hallazgos y procedimientos en la Operación Maremoto
De acuerdo con documentos judiciales, agentes federales encontraron más de mil 200 archivos multimedia relacionados con abuso sexual infantil en dos teléfonos de Prieto. Además, el acusado realizó declaraciones durante los interrogatorios que fueron incorporadas a la investigación.
La operación fue liderada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Varias detenciones se originaron a partir de reportes recibidos mediante la línea CyberTipline del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
Reacciones y cuestionamientos internacionales
La operación ha generado cuestionamientos en Filipinas, país de origen de muchos tripulantes detenidos. Algunos activistas y funcionarios han solicitado aclaraciones sobre los criterios usados para las detenciones y deportaciones, pues consideran que no todos los casos cuentan con evidencia suficiente para justificar las medidas.
Las autoridades estadounidenses indicaron que estas acciones forman parte de sus esfuerzos para combatir la explotación infantil y reforzar la aplicación de leyes migratorias y de seguridad nacional.
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