Ciudad de México, 28 de septiembre de 2026.- El director de Vinculación del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), Ulises Grajales Niño, fue destituido tras ser señalado por presuntamente agredir brutalmente a su esposa, Graciela “N”, inspectora de la Secretaría de Seguridad del Pueblo en Chiapas.
Según reportes oficiales, la mujer se encuentra en coma y presenta múltiples golpes en el cuerpo, principalmente en el rostro. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, informó en sus redes sociales que solicitó la separación inmediata de Grajales Niño mientras se realizan las investigaciones correspondientes. “En Chiapas no hay cabida para la violencia contra las mujeres ni para la impunidad”, afirmó.
El funcionario, además de su cargo en el COBACH, fue candidato de Morena a la presidencia municipal de Villaflores y cuenta con antecedentes judiciales. Es notario público número 206 con sede en Ixtacomitán y percibe un salario mensual de 102,647.06 pesos.
Antecedentes judiciales y política
En 2012, Ulises Grajales fue detenido y liberado tras ser acusado de homicidio de un militante del PAN, Edgardo Hernández Moreno. El caso corresponde a la causa penal 182/CE39/2012. Dos años después, fue capturado por delitos de robo de vehículos y delincuencia organizada, pero quedó en libertad por falta de pruebas.
Antes de militar en Morena, inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La destitución ocurre en un contexto donde las autoridades estatales buscan erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar justicia.
Investigación y consecuencias legales
La Fiscalía de Chiapas continúa con la investigación para determinar la situación legal de Grajales Niño. La gravedad de las lesiones de la víctima ha motivado la apertura de una carpeta por feminicidio en grado de tentativa, lo que implica un proceso judicial riguroso.
Mientras tanto, el COBACH mantiene la suspensión del funcionario para evitar interferencias en las indagatorias. La sociedad civil y autoridades locales permanecen atentas al desarrollo del caso, dada la relevancia pública y el impacto en la lucha contra la violencia de género en la región.
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