10 de noviembre de 2026.- Una ciudadana de Puerto Aventuras interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía por la venta ilegal de una “tablilla sindical” para amparar una obra en su domicilio, presuntamente realizada por una integrante de la Federación de Sindicatos de Quintana Roo (Fesoc).
Contexto y denuncia ciudadana
La denunciante, Beatriz Tuz, relató que una mujer se presentó en su casa para exigirle el pago de 3 mil 500 pesos por la construcción de un muro, con el argumento de que debía ser sindicalizado para evitar problemas legales. Inicialmente, Beatriz aceptó y realizó un depósito inicial de 2 mil pesos a través de su esposo.
Sin embargo, tras informarse con otras personas, la denunciante se enteró de que esta práctica es ilegal y comenzó a exigir la devolución del dinero, lo que fue negado por la mujer que realizó la venta. Beatriz también habló con Alejandro López Acuña, director de Desarrollo Agropecuario, quien confirmó que la venta de tablillas sindicales es un acto ilegal.
Versiones enfrentadas y postura sindical
En la Fiscalía, la acusada, Mónica Mosqueda Prieto, negó cualquier ilegalidad y solicitó una disculpa pública por la publicación de su fotografía en redes sociales, donde fue acusada de ladrona. Mosqueda admitió haber cobrado por la “gestión de la obra”, pero afirmó que no entregó la lona con el logo de la Fesoc debido al incumplimiento del pago total.
La acusada también negó haber amenazado o extorsionado a la denunciante, señalando que fue Beatriz quien comenzó a exigir la devolución del dinero y a amenazarla. Acompañada por su abogado, José Uilises Koyoc Perera, Mosqueda manifestó disposición para conciliar el pago, aunque advirtió que existe un contrato firmado que podría complicar la situación.
Por su parte, Ignacio Balbuena, secretario de la Fesoc en Playa del Carmen, indicó que cada sindicato es independiente y que la unión entre ellos es principalmente por temas políticos. Balbuena explicó que fue su iniciativa convocar a ambas partes para que la justicia determine la veracidad de las acusaciones.
Este caso pone en evidencia una práctica recurrente en la región, donde se venden tablillas sindicales para obras, situación que autoridades y ciudadanos consideran ilegal y que ahora está siendo investigada por la Fiscalía.
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