Ciudad de México, 24 de julio de 2026.- El Senado de la República prevé aprobar la primera semana de septiembre una iniciativa presidencial que establece nuevos criterios penales para sancionar el delito de feminicidio en México. Esta reforma unificará la legislación vigente en todo el país y permitirá aplicar las nuevas disposiciones en los procesos judiciales que aún estén pendientes de sentencia.
La propuesta contempla derogar las tipificaciones locales del feminicidio para crear un estándar penal único a nivel nacional. Según el artículo cuarto transitorio de la iniciativa, los jueces podrán aplicar la nueva ley en casos pendientes, siempre respetando el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de las personas.
En este sentido, las personas que ya hayan sido sentenciadas y cumplan condena por feminicidio seguirán bajo la legislación vigente en el momento en que su sentencia quedó firme, sin que se modifique su pena. Sin embargo, los procesos en curso podrán ajustarse a las nuevas agravantes y sanciones que contempla la reforma.
La iniciativa establece que la pena para quien cometa feminicidio será de 50 a 70 años de prisión, con multas que van de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, el artículo 17 detalla 19 agravantes que pueden aumentar la pena hasta en un 50%, elevando el castigo máximo a 105 años de cárcel.
El régimen transitorio ordena que esta nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio será la única norma aplicable en la materia, dejando sin efecto el Código Penal Federal y los códigos estatales. Asimismo, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo máximo de 365 días naturales para armonizar sus leyes con esta reforma.
Nuevos estándares para la justicia en feminicidios
Con esta reforma, el sistema penal mexicano busca unificar criterios y fortalecer la sanción contra el feminicidio, un delito que ha generado preocupación social y demandas de justicia. La estandarización facilitará la investigación y persecución de estos casos, evitando disparidades entre entidades federativas.
Implicaciones legales y sociales
La aplicación retroactiva en procesos pendientes permitirá que casos en trámite se juzguen bajo un marco más riguroso, sin afectar a quienes ya cumplen condena. Esto representa un avance en la protección de los derechos de las víctimas y un impulso a la homologación legislativa en todo el país.
De esta forma, la reforma busca cerrar vacíos legales y garantizar que la sanción por feminicidio sea más efectiva y contundente, respondiendo a la demanda ciudadana por justicia y seguridad.
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