Internacional, 23 de junio de 2026.- La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que un hombre rastafari no puede continuar con su demanda contra funcionarios penitenciarios que le cortaron las rastas durante su encarcelamiento. Esta decisión podría complicar futuras reclamaciones de libertad religiosa en prisiones a nivel federal.
El fallo, redactado por el magistrado Neil Gorsuch, subraya la postura del tribunal conservador en limitar las demandas basadas en derechos religiosos sin una autorización explícita del Congreso. Según Gorsuch, la Cláusula de Gasto del Congreso no otorga facultades para regular, sino solo para gastar dinero bajo acuerdos voluntarios con el Gobierno federal.
El caso se centró en que los funcionarios estatales desconocían detalles de la ley federal que protege la libertad religiosa, por lo que el tribunal concluyó que no existía base legal para la demanda del hombre rastafari. Esta resolución marca un precedente para casos similares en el sistema penitenciario estadounidense.
Los tres magistrados liberales expresaron su desacuerdo con la decisión, señalando que podría limitar el acceso a la justicia para personas que enfrentan violaciones a sus derechos religiosos dentro de prisiones.
Este fallo se suma a una serie de decisiones recientes en las que la Corte Suprema ha restringido la interpretación de las protecciones federales en materia de derechos civiles y religiosos. Expertos legales consideran que esta postura refleja una tendencia conservadora en el tribunal.
Implicaciones para la libertad religiosa en prisiones
El dictamen afecta directamente a los creyentes que buscan hacer valer sus derechos religiosos en el sistema penitenciario, donde las restricciones y regulaciones suelen ser estrictas. La limitación para presentar demandas sin respaldo claro del Congreso puede reducir las posibilidades de reparación legal ante violaciones.
Contexto y antecedentes del caso
El hombre rastafari intentó demandar a funcionarios penitenciarios tras el corte de sus rastas, una acción que consideró una violación a su libertad religiosa. Sin embargo, el tribunal determinó que los funcionarios no tenían conocimiento suficiente de la ley federal para ser responsables legalmente.
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