Ciudad de México, 24 de agosto de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó garantizar el suministro de agua potable en la quinta zona de Ecatepec, Estado de México. La resolución beneficia a más de 600 habitantes afectados por el desabasto y establece que cada persona debe recibir al menos 100 litros diarios de agua de calidad.
El Pleno de la Corte aprobó, por mayoría, el proyecto presentado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Este consideró que los habitantes tienen un interés legítimo para exigir el acceso al agua, dado que Ecatepec es una zona catalogada como de atención prioritaria.
La SCJN ordenó que el suministro sea suficiente, continuo y preferentemente a través de la red hidráulica. En caso de no ser posible, se deberán implementar alternativas adecuadas para garantizar el acceso al recurso.
Mejoras en infraestructura hídrica para Ecatepec
Además, la Corte solicitó realizar las obras necesarias para mejorar la infraestructura hídrica local. Esto incluye el mantenimiento de la red, la reparación de fugas y la instalación de medidores para evitar el robo y la explotación irregular de pozos.
El ministro Aguilar Ortiz destacó que el juzgador no había analizado adecuadamente la problemática de fondo, como la falta de mantenimiento, las fugas, la ausencia de medidores y la calidad del agua suministrada. Por ello, ordenó que el organismo público descentralizado responsable acredite que los trabajos en los pozos cumplen con las normas oficiales.
Asimismo, se vinculó a autoridades estatales para que brinden apoyo técnico y supervisen las autorizaciones relacionadas con el suministro hídrico. Se recomendó implementar un programa integral que incluya diagnóstico de la red, reporte de fugas y un cronograma para las labores necesarias.
Impacto y seguimiento del fallo sobre agua potable en Ecatepec
Esta resolución busca atender de fondo el desabasto que afecta a la quinta zona de Ecatepec. La garantía de al menos 100 litros diarios por persona representa un avance en el acceso a un derecho básico. El seguimiento de las obras y la supervisión estatal serán clave para que se cumpla la orden judicial.
De esta forma, la SCJN establece un precedente para que las autoridades mejoren el servicio de agua potable en zonas vulnerables. La medida también obliga a transparentar y regular el manejo de los recursos hídricos en el municipio.
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