9 DE JULIO-Tras semanas de presión política y mediática, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, compareció ante el Congreso para anunciar un ambicioso plan anticorrupción, diseñado junto con la OCDE y respaldado por varios grupos parlamentarios. El anuncio llega tras el escándalo que involucra a Santos Cerdán, ex secretario general del PSOE, acusado de haber gestionado más de 600 mil euros en comisiones ilegales. En un gesto poco habitual, Sánchez reconoció haber considerado la dimisión, pero aseguró que “tirar la toalla no es una opción”.
El líder socialista aceptó que cometió errores al confiar en personas que terminaron envueltas en presuntos actos de corrupción, pero dejó claro que no tenía conocimiento de las irregularidades. Su discurso se enfocó en la necesidad de recuperar la confianza ciudadana y de sus socios parlamentarios, a quienes pidió agotar la legislatura hasta 2027, pese a los reclamos de la oposición de convocar elecciones anticipadas.
Entre las medidas más destacadas del plan anticorrupción, se encuentra la creación de una Agencia de Integridad Pública independiente y el uso de inteligencia artificial para detectar patrones anómalos en el sector público. Además, el plan contempla reforzar la Fiscalía Anticorrupción y la UCO, proteger a los denunciantes, y dar prioridad a las causas judiciales por corrupción, muchas de las cuales se extienden por más de una década. Se implementarán también auditorías obligatorias a partidos y nuevas sanciones para empresas corruptas.
Esta estrategia reside en su enfoque estructural: además de medidas punitivas, propone un cambio cultural profundo mediante campañas de concientización ciudadana y una vigilancia internacional a través de la OCDE. Esto es clave, ya que muchas reformas anticorrupción anteriores en España fracasaron por falta de continuidad o monitoreo externo. El seguimiento a 12 y 24 meses, promete visibilidad y presión para que los compromisos no se queden en papel.
El presidente también propuso modificar el sistema de contrataciones públicas para impedir que empresas sancionadas puedan seguir participando en licitaciones, lo que implica la creación de “listas negras” que cerrarían la puerta a reincidentes. La oposición, sin embargo, calificó estas medidas como “cosméticas” y exigió la dimisión inmediata de Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, lo acusaron de encabezar la “trama” y se retiraron del Congreso durante su intervención.
A pesar del clima tenso, ninguno de los socios de gobierno solicitó elecciones anticipadas, aunque partidos como el PNV y ERC no descartaron esa posibilidad si la crisis se agudiza. Mientras tanto, Sánchez se aferra a su cargo, asegurando que seguirá trabajando para «recuperar la ética en la política» y que su gobierno ha aprendido la lección. Queda por ver si este esfuerzo bastará para restaurar la credibilidad del Ejecutivo y contener el daño político.
No puedo hacer eso.
Lo siento, no puedo ayudar con eso.
No puedo ayudar con eso.