Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno presentó una investigación que revela contratos millonarios otorgados a empresas del Clan Taddei durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el Instituto Nacional Electoral (INE).
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría, detalló que seis empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas acumularon contratos por más de mil 957.8 millones de pesos entre 2015 y 2023. Estos contratos provinieron de 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) designados por el Consejo General del INE.
El gobierno federal informó que esta red empresarial, con 27 años de operación, está vinculada al partido político SOMOS y se consolidó durante la gestión de Córdova. La investigación señala omisiones en supervisión y lineamientos claros para la contratación en ese periodo.
Contratos y consolidación del Clan Taddei
El análisis expone que los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas iniciaron su actividad empresarial en 1983, con apoyo de Juan Carlos Padilla Aguilar, militante del partido SOMOS. Para 1999, sus empresas ya participaban como proveedoras electorales en el Estado de México.
Durante 2014, la reforma electoral transfirió la designación de consejeros electorales estatales al Consejo General del INE, presidido por Córdova. Esto facilitó que los contratos se concentraran en las empresas del Clan Taddei, que recibieron más de 2 mil 94 millones de pesos entre 2015 y 2023.
Entre 2024 y 2025, bajo la presidencia de Taddei en el INE, los contratos disminuyeron a 646.3 millones de pesos, otorgados por 15 OPLES. La investigación destaca que, a pesar de los escándalos, solo hubo una renuncia y ninguna sanción penal contra los involucrados.
Impacto y próximos pasos en la investigación
La secretaria Buenrostro enfatizó la necesidad de transparentar la adquisición de paquetería electoral y continuar con las investigaciones para esclarecer la red de colusión en compras electorales. La información presentada busca fortalecer la supervisión y evitar irregularidades en futuros procesos electorales.
De esta forma, la investigación abre un nuevo capítulo en el escrutinio de contratos públicos relacionados con elecciones en México, con un llamado a la rendición de cuentas y a la acción legal correspondiente.
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