Ciudad de México, 7 de septiembre de 2026.- El Comité de Transparencia del Infonavit resolvió mantener como confidencial la declaración patrimonial del director general, Octavio Romero Oropeza, incluyendo sus bienes, ingresos y salario. Esta decisión limita el acceso público a información financiera del funcionario desde su llegada al cargo.
El 13 de julio pasado, tras una solicitud de acceso a la declaración patrimonial, el Comité aceptó reservar datos sobre propiedades, vehículos, cuentas bancarias y montos salariales de Romero Oropeza. La clasificación se basa en el artículo 4 de la Ley General de Transparencia, que permite reservar información por razones de interés público o seguridad nacional.
Esta medida contrasta con la práctica de su antecesor en el Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, quien sí hizo públicas sus declaraciones patrimoniales. Además, el 4 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que obliga a transparentar toda la información gubernamental, salvo excepciones justificadas.
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Confidencialidad en bienes y salarios del director del Infonavit
El Comité de Transparencia también acordó reservar datos sobre la extensión y forma de adquisición de los bienes, así como información patrimonial de su cónyuge y dependientes económicos. En plataformas públicas como Declaranet y Nómina Transparente no es posible consultar la declaración ni el salario mensual neto del funcionario.
En su última declaración pública de 2024, Romero Oropeza reportó ingresos por 3.2 millones de pesos como salario y 846 mil pesos por actividades empresariales. Además, declaró ser propietario de una casa, dos departamentos, terrenos y cuentas bancarias. Sin embargo, esta información ahora está protegida bajo reserva.
Antecedentes y contexto del director del Infonavit
Octavio Romero Oropeza ha sido un colaborador cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador desde 1989. Fue director general de Pemex durante el sexenio anterior y actualmente encabeza el Infonavit. Su trayectoria incluye cargos en el PRD y en el gobierno de la Ciudad de México.
La reserva de su información patrimonial genera debate sobre la transparencia en funcionarios públicos federales, quienes están obligados a presentar sus declaraciones anuales según la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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