
Internacional, 30 de julio de 2026.- Un tribunal del condado de Barrow, Georgia, condenó a Colin Gray por entregar un rifle de asalto a su hijo, Colt Gray, quien utilizó el arma para perpetrar un tiroteo escolar. La sentencia se dictó tras la declaración de culpabilidad del adolescente, evitando así el juicio programado para octubre.
Durante el proceso judicial, la fiscalía presentó pruebas que evidenciaron la obsesión del joven con asesinos en serie y grabaciones donde expresaba satisfacción por la notoriedad alcanzada tras el ataque. Los fiscales argumentaron que Colin Gray ignoró el riesgo que representaba facilitar un arma de asalto a su hijo, lo que facilitó la tragedia.
Familiares de las víctimas denunciaron la falta de responsabilidad del padre como propietario del arma. María Schermerhorn, madre de uno de los estudiantes fallecidos, respondió a la defensa que alegaba la condición de padre soltero de Gray, señalando que, aunque ser padre solo es difícil, la responsabilidad de no poner un arma en manos de un hijo es ineludible.
Tribunal destaca riesgo ignorado por el padre
El fiscal Brad Smith enfatizó que el tribunal debía considerar “el enorme riesgo que él ignoró” al entregar el arma, subrayando que esta decisión proporcionó la herramienta exacta para cometer el ataque. Por su parte, la defensa, liderada por Brian Hobbs, solicitó una pena máxima de diez años, argumentando que Gray no tuvo intención directa de causar daño.
Durante las audiencias, Gray mostró pocas emociones ante las acusaciones de las familias afectadas. Finalmente, el tribunal impuso una condena superior a la solicitada por la defensa, alineándose con la postura de la fiscalía sobre la gravedad del riesgo asumido.
Impacto y consecuencias legales del caso
Este caso resalta la creciente preocupación por la responsabilidad legal de los propietarios de armas en Estados Unidos, especialmente cuando estas terminan en manos de menores que cometen actos violentos. La condena a Colin Gray establece un precedente sobre la obligación de los padres de controlar el acceso a armas y las consecuencias legales de no hacerlo.
El tribunal continúa con la vigilancia del caso, mientras que la comunidad afectada busca justicia y medidas para prevenir futuros incidentes similares.
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