6 DE MAYO DEL 2026 – NACIONAL. Un tribunal administrativo ha dictado una sentencia contundente contra tres antiguos altos mandos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Los señalados, entre los que destaca el ex director de Administración y Finanzas, han sido obligados a devolver una suma superior a los 261 millones de pesos. Esta condena por corrupción administrativa responde a su responsabilidad en el manejo irregular de recursos públicos, tras demostrarse que abusaron de sus funciones para autorizar pagos millonarios sin sustento legal.
Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinaron que los acusados no solo deben pagar la millonaria multa, sino que también enfrentarán una inhabilitación de 10 años para ocupar cualquier cargo público. Esta condena por corrupción se originó tras descubrir que los ex funcionarios aprobaron y firmaron contratos para la supuesta compra de granos básicos. Sin embargo, en los registros oficiales de la institución nunca se encontró evidencia de que dichos cargamentos de alimento fueran entregados realmente.
Detalles del abuso de funciones y contratos fantasma
El proceso legal, que se extendió por más de dos años de litigio, permitió acreditar que la conducta de los implicados fue totalmente contraria a la ley. Según el expediente oficial, los ex directivos utilizaron la figura de “compras emergentes” de manera arbitraria para justificar la salida de dinero. Esta condena por corrupción administrativa resalta que no existía ninguna emergencia real que comprobara la necesidad de adquirir los bienes bajo esos esquemas, lo que provocó un daño directo al patrimonio del organismo.
Las investigaciones revelaron que los contratos no se entregaron por una urgencia legítima, sino de forma gradual a diversas empresas. Al no existir documentación que soporte la entrega de los granos ni la justificación de la supuesta crisis alimentaria, el tribunal ratificó la condena por corrupción administrativa. Cabe mencionar que uno de los principales involucrados ya se encuentra recluido en el Reclusorio Norte tras ser detenido previamente en el extranjero, enfrentando otros cargos de carácter penal.
Impacto financiero y procesos legales en curso
Es importante señalar que esta sanción económica de 261 millones de pesos es solo una fracción del daño total estimado en la institución. La Auditoría Superior de la Federación ha calculado que, durante el periodo de 2018 a 2020, el desfalco patrimonial podría superar los 12 mil 500 millones de pesos. Por ello, esta condena por corrupción administrativa se suma a una serie de procesos por lavado de dinero y delincuencia organizada que siguen activos contra los ex colaboradores de la entidad.
La demanda que derivó en esta resolución fue presentada originalmente por el órgano interno de control de Diconsa. Al confirmarse la condena por corrupción, se sienta un precedente sobre la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo de programas sociales destinados al abasto de alimentos. Las autoridades continúan revisando otros contratos similares para determinar si existen más funcionarios o empresas particulares involucradas en este esquema de desvío de recursos públicos que afectó a los sectores más vulnerables.
