Detalles de la condena
La condena de 30 años impuesta a la doctora Marggie Orozco, de 65 años, ha generado conmoción tanto dentro como fuera de Venezuela. Según la información conocida, el régimen usurpador de Nicolás Maduro castigó con la pena máxima a la médica por un audio de WhatsApp donde daba su opinión sobre la crisis nacional. La acusación incluyó cargos de “traición”, “incitación al odio” y “conspiración”, términos que suelen repetirse en casos de persecución política. Su familia denunció que se trata de una respuesta represiva ante la crítica ciudadana.
Señalamientos sobre el juicio
El proceso judicial estuvo lleno de irregularidades, según reportes de organizaciones de derechos humanos. Señalan que la condena política fue impulsada sin pruebas reales y sin garantizar el derecho a la defensa. Testigos afirman que el juicio fue utilizado como un ejemplo para intimidar a quienes aún intentan expresar su opinión en medio de la crisis venezolana. La juez responsable, Luz Dary Moreno, conocida por seguir directrices del gobierno, impuso el castigo más severo disponible en el código penal venezolano.
La doctora Orozco, quien enfrenta un notable deterioro en su salud, quedó a merced de condiciones penitenciarias sumamente duras. Según expertos médicos, una persona de su edad difícilmente podría soportar décadas dentro del sistema carcelario del país, donde se han documentado casos de falta de atención, mala alimentación y malos tratos. Para muchos defensores de derechos humanos, esta sentencia equivale en la práctica a una condena de muerte. Temen que su salud vaya empeorando sin acceso a medicinas ni evaluaciones especializadas.
Diversas organizaciones internacionales han comenzado a pronunciarse, asegurando que el caso refleja una política sistemática de silenciamiento contra voces críticas. Señalan que las acusaciones de “odio” o “conspiración” se han usado repetidamente como herramientas de control del pensamiento público. Además, alertan que la sentencia busca sembrar miedo entre profesionales, académicos, opositores y ciudadanos comunes. Señalan que la libertad de expresión en Venezuela vive uno de sus peores momentos en décadas.
Analistas del sistema judicial venezolano afirman que el uso de audios privados como base para procesos penales se ha vuelto cada vez más frecuente. Explican que muchos de estos casos se apoyan en la interceptación de comunicaciones sin orden legal, una práctica contraria a los estándares internacionales. Indican que esta tendencia vulnera derechos básicos y muestra un Estado que utiliza tecnología y vigilancia para sofocar cualquier señal de disidencia. El caso de Orozco sería solo uno de muchos que se encuentran en curso.
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