Internacional, 9 de septiembre de 2026.- El presidente colombiano Abelardo de la Espriella levantó la suspensión general al porte de armas de fuego que se mantenía desde 2015, mediante el Decreto 1368 publicado el martes y vigente desde este miércoles 9 de septiembre. Esta medida reactiva la eficacia de los permisos individuales de porte vigentes, sin otorgar un derecho general para portar armas.
El mandatario defendió la decisión argumentando que los ciudadanos que cumplen la ley no deben quedar en desventaja frente a delincuentes armados. “Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente”, afirmó De la Espriella.
La legislación colombiana distingue entre tenencia y porte de armas. La tenencia permite conservar un arma en un lugar autorizado, mientras que el porte autoriza llevarla consigo. El decreto no convierte automáticamente permisos de tenencia en permisos de porte ni reactiva permisos vencidos o cancelados.
El Gobierno estima que existen cerca de 700,000 armas legales con permisos vigentes en Colombia. La eliminación de la suspensión general implica que los titulares de permisos de porte ya vigentes no necesitarán autorizaciones especiales adicionales para portar sus armas, aunque el porte sigue sujeto a autorización estatal y controles estrictos.
Argumentos a favor y en contra del levantamiento de la suspensión
De la Espriella sostiene que el problema radica en las armas ilegales en manos de grupos criminales, no en los ciudadanos legalmente armados. Entre enero y septiembre de 2026, las autoridades incautaron alrededor de 15,700 armas, la mayoría vinculadas a delitos y grupos como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN.
Por su parte, críticos como el senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, advierten que la experiencia histórica colombiana muestra riesgos asociados a flexibilizar el porte de armas. Ávila señala que el desvío de armas legales hacia el mercado ilegal es un problema persistente, y que el aumento de armas en circulación puede incrementar episodios de violencia cotidiana, como riñas o accidentes.
Impacto y desafíos futuros del nuevo decreto
El levantamiento de la suspensión general no implica una liberalización total del mercado de armas, sino el regreso a un sistema basado en permisos individuales con controles vigentes. Sin embargo, abre un debate sobre si más ciudadanos armados aumentan la seguridad o elevan el riesgo de violencia letal.
El éxito de esta política dependerá de la capacidad estatal para vigilar el cumplimiento de requisitos, rastrear armas perdidas o robadas y evitar su desviación hacia el crimen organizado. La medida resuelve una disputa política de años, pero plantea un desafío complejo para la seguridad pública en Colombia.
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