
Santiago, 28 de octubre de 2026.- La Municipalidad de Peñalolén clausuró este miércoles las instalaciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, ubicadas en avenida Quilín 5635, debido a irregularidades en la recepción definitiva de las obras y una deuda municipal que asciende a 172 millones de pesos chilenos.
Motivos de la clausura y deuda acumulada
El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, informó que la sede no cuenta con la recepción definitiva de las obras, trámite indispensable para acreditar que la construcción cumple con los requisitos municipales y puede operar legalmente. Además, la ANFP habría funcionado durante 16 años sin contar con la patente municipal correspondiente.
La deuda acumulada incluye patentes impagas, derechos de aseo, multas, reajustes e intereses, alcanzando un total de 172 millones de pesos chilenos. Concha calificó esta situación como “inaceptable” y cuestionó que una institución de la magnitud de la ANFP no haya regularizado sus obligaciones.
La clausura afecta tanto las actividades administrativas de la ANFP como las labores educativas del Instituto Nacional del Fútbol (INAF), que se encuentran en el mismo complejo. Funcionarios municipales procedieron a inhabilitar el recinto y solicitaron el desalojo del personal presente.
Respuesta de la ANFP y próximos pasos
El presidente de la ANFP, Pablo Milad, rechazó la medida y la calificó de arbitraria, señalando que no hubo aviso previo para corregir las irregularidades. Milad anunció que la institución emprenderá acciones legales contra la clausura y advirtió sobre las consecuencias que esta tendrá en las actividades, incluyendo el trabajo de las selecciones juveniles.
Por su parte, la Municipalidad de Peñalolén indicó que la ANFP deberá regularizar los trámites pendientes ante la Dirección de Obras Municipales para que se levante la clausura. Además, notificará a la institución para que cubra las obligaciones económicas acumuladas.
Este conflicto representa un nuevo desafío para la dirigencia del fútbol chileno, que deberá enfrentar la disputa con el municipio y la regularización administrativa para reabrir la sede.
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