Ciudad de México, 4 de noviembre de 2026.- Clara Luz Flores Carrales, coordinadora estatal de Morena en Nuevo León, presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR). La primera denuncia es contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, su esposa Mariana Rodríguez Cantú y su padre Samuel Orlando García Mascorro, por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y lavado de dinero.
Flores Carrales acusó que el gobernador y su entorno familiar desviaron más de siete mil millones de pesos a través de una red de empresas vinculadas a ellos. La morenista señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 7 mil 12 millones de pesos, además de contratos por 110 millones de pesos con empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La segunda denuncia fue contra el alcalde priista de Monterrey, Adrián de la Garza, y Jovita Morín Flores, excontralora municipal y militante del PAN. Se les acusa por delitos relacionados con el caso Next Energy, donde se asignaron más de siete mil millones de pesos para un parque solar, cuyo costo se incrementó en más de mil millones.
Denuncias por contratos y presuntos conflictos de interés
Clara Luz Flores pidió investigar si hubo tráfico de influencias, conflictos de interés y favorecimiento indebido en la adjudicación y ejecución de contratos. También solicitó verificar si los servicios se prestaron, si las empresas tenían permisos y si los pagos correspondían a avances reales de obra.
La coordinadora de Morena afirmó que tanto Samuel García como Adrián de la Garza habrían utilizado sus cargos para realizar negocios desde el poder. Exigió que las autoridades sigan la ruta del dinero y determinen responsabilidades hasta las últimas consecuencias.
Exigen justicia y seguimiento a recursos públicos
Flores Carrales enfatizó que la justicia no se debe negociar y que cada peso del dinero público debe ser rastreado. La denuncia busca que quienes resulten responsables respondan ante la ley por el presunto daño al erario público en Nuevo León.
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