Kantunilkín, Quintana Roo, 17 de julio de 2026.- El presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva, ordenó el cierre del Palacio Municipal a la una de la tarde para que el personal del ayuntamiento asistiera a un mitin político en apoyo al senador con licencia y aspirante de Morena a la gubernatura, Eugenio Segura.
La instrucción fue comunicada a directores y coordinadores mediante un mensaje de WhatsApp, en el que se les indicaba retirarse de sus áreas de trabajo y acudir al evento programado a las cuatro de la tarde en el domo de la Borges. Además, se les solicitó asegurar la asistencia de su personal bajo amenaza de sanciones o despidos.
Varios funcionarios expresaron su inconformidad por esta movilización obligatoria, que careció de una notificación formal por escrito y que se mantuvo bajo estricta confidencialidad. La presión para garantizar la presencia de empleados en el mitin político ha generado preocupación por posibles represalias laborales.
Este cierre y movilización ocurre en un contexto similar al denunciado recientemente en Cozumel, donde funcionarios también reportaron asistencia forzada a un evento político con otra aspirante de Morena, Ana Patricia Peralta de la Peña. Estas acciones evidencian una tendencia a utilizar recursos públicos y personal municipal para actividades partidistas.
Impacto en la administración pública local
El cierre anticipado del Palacio Municipal afecta la atención ciudadana y la operatividad del gobierno local, lo que podría retrasar trámites y servicios esenciales para la población de Lázaro Cárdenas. La obligación de asistir a actos políticos también genera un ambiente de presión laboral que puede afectar la moral y desempeño del personal.
Reacciones y consecuencias
Funcionarios entrevistados prefirieron mantener el anonimato debido al temor de represalias. Sin embargo, coincidieron en que estas prácticas atentan contra la autonomía laboral y el uso adecuado de recursos públicos. La ciudadanía podría verse afectada por la interrupción de servicios y la politización de la administración.
El seguimiento a esta situación será clave para evaluar si existen sanciones administrativas o legales por la movilización obligatoria de empleados públicos con fines políticos en Quintana Roo.
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