
Ciudad de México, 19 de agosto de 2026.- La diputada panista Liz Salgado exigió al Gobierno de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de Justicia resultados verificables para abatir el rezago de más de 25 mil denuncias por despojo de inmuebles acumuladas desde 2020. La legisladora pidió además garantizar una defensa jurídica efectiva a las víctimas.
Durante los primeros 12 días de la nueva estrategia contra el despojo, las autoridades reportaron 44 detenciones y 89 denuncias recibidas, así como la restitución de algunos inmuebles. Sin embargo, Salgado advirtió que estos avances son insuficientes frente a la magnitud del problema, ya que solo 463 personas han sido procesadas, menos del 2% del total de denuncias.
La diputada señaló que es necesario conocer con precisión el funcionamiento del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, creado al inicio de la administración, y los criterios que se aplican para la restitución de propiedades. También solicitó información sobre las investigaciones en curso sobre posibles redes de complicidad que involucren a servidores públicos, notarios o gestores.
Exigen transparencia y seguimiento a denuncias por despojo
Liz Salgado destacó la importancia de establecer indicadores públicos que permitan medir la eficacia de la estrategia, especialmente en relación con los plazos anunciados por la Fiscalía para la restitución precautoria en 15 días y la judicialización en 30 días. Subrayó que debe haber claridad sobre cuántos casos cumplen estos tiempos y qué ocurre con los que no pueden ser restituidos de inmediato.
Además, la legisladora insistió en que la nueva Defensoría Jurídica Ponciano Arriaga, con 100 abogados especializados, debe contar con la capacidad real para atender a las víctimas y no quedar solo como un anuncio institucional.
Implicaciones legales y combate a redes de complicidad
La diputada explicó que el despojo no solo ocurre por la fuerza física, sino también mediante la manipulación de documentos e información para apropiarse ilegalmente de inmuebles. Por ello, pidió mecanismos de control interno y auditoría para detectar irregularidades sin prejuzgar casos específicos.
Finalmente, Liz Salgado señaló que el Congreso debe acompañar y vigilar el avance de esta estrategia para garantizar transparencia y justicia efectiva para las víctimas del despojo en la Ciudad de México.
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