Internacional, 7 de julio de 2026.- La detención del capo Ismael “El Mayo” Zambada, efectuada en julio de 2024 en Texas, mantiene un impacto significativo en la relación diplomática entre México y Estados Unidos. El proceso penal se desahoga actualmente en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Sin embargo, el caso provoca fricciones bilaterales debido a las condiciones de la captura y los constantes reclamos de soberanía.
Zambada García cayó en territorio estadounidense al descender de una avioneta privada. Su defensa legal sostiene que Joaquín Guzmán López, miembro de la facción de “Los Chapitos”, lo secuestró y trasladó en contra de su voluntad. Este grupo criminal lo encabezan los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fundó el Cártel de Sinaloa junto con el propio arrestado.
Desde el inicio del conflicto, el gobierno mexicano cuestionó con firmeza el sigilo y la falta de transparencia de las agencias de Washington. La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la postura de rechazo a cualquier intervención extranjera sin coordinación previa. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que una operación unilateral del FBI representaría una franca violación a la Constitución y a los tratados internacionales vigentes.
El crimen de Héctor Melesio Cuén y el vuelco en la investigación
Una carta difundida por los abogados de Zambada detalló que la captura ocurrió tras un engaño y una posterior emboscada en la finca Huertos del Pedregal. En ese mismo sitio criminales asesinaron a Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió la narrativa inicial de la fiscalía local sinaloense, la cual simulaba un intento de robo en una gasolinera. Los peritajes federales confirmaron el hallazgo de rastros hemáticos de Cuén Ojeda en la propiedad campestre. El homicidio expuso la enconada rivalidad política y los nexos tensos entre la víctima y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Estatus del Gobernador: El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente en abril pasado a Rubén Rocha Moya y a nueve de sus colaboradores por presunta complicidad con el narcotráfico. Ante el escándalo y el inicio de carpetas de investigación por la FGR, el mandatario sinaloense solicitó licencia a su cargo para enfrentar los requerimientos judiciales.
Entrega de jefes policiales e impacto en el Tratado Comercial
Las autoridades mexicanas entregaron a los cuerpos de seguridad estadounidenses a varios exsecretarios y mandos policiacos de Sinaloa implicados en la red de protección institucional. Asimismo, el Departamento de Estado de la Unión Americana canceló de forma masiva los visados de diversos políticos locales bajo sospecha de corrupción.
En el plano nacional, los partidos de oposición utilizan las revelaciones de la corte de Nueva York para acusar al partido Morena de mantener vínculos con el crimen organizado. El bloque oficialista niega rotundamente los señalamientos y acusa una campaña de desprestigio. Esta crisis ensombrece las mesas de negociación binacionales, donde ambos países discuten actualmente los nuevos acuerdos de seguridad y las próximas revisiones del tratado comercial.
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