Internacional, 13 de octubre de 2026.- Un estudio del diario británico The Guardian revela que cárteles latinoamericanos operan en al menos 16 países europeos, estableciendo vínculos con organizaciones mafiosas locales. La investigación, basada en datos policiales, entrevistas y análisis de inteligencia, señala un aumento significativo en la presencia de estas redes criminales.
Entre 2014 y 2024, las incautaciones de cocaína en Europa crecieron un 471%, y se desmantelaron más laboratorios dedicados al procesamiento de esta droga. Los cárteles identificados incluyen grupos de México, Colombia, Brasil, Venezuela y Estados Unidos, como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Clan del Golfo, ELN, FARC, Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho, Tren de Aragua, MS-13 y Barrio 18.
Estas organizaciones han consolidado su presencia principalmente en España, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Francia. Sin embargo, su actividad también se detecta en Alemania, Rumanía, Croacia y Eslovaquia, y se han encontrado laboratorios en el sur de Francia, Polonia y Alemania.
Expansión y consolidación en Europa
Daniel Brombacher, director del Observatorio de Crimen Organizado en Europa, explicó que el problema ya no se limita a los países tradicionales de entrada. Además, un informe de la Fiscalía de São Paulo indica que el PCC opera en 16 países europeos, incluyendo Reino Unido, Irlanda, Suecia y Turquía.
Desde la década de 1980, cárteles colombianos tenían presencia en España, pero el fenómeno actual es mucho más amplio y complejo. Europol ya había advertido sobre este aumento en 2013, pero la situación actual supera esas previsiones.
Impacto y retos para las autoridades
La creciente actividad de cárteles latinoamericanos en Europa representa un desafío para las fuerzas de seguridad y la justicia. La expansión de laboratorios y redes de distribución implica un riesgo mayor para la región, que debe fortalecer la cooperación internacional para enfrentar estas organizaciones.
El seguimiento y desmantelamiento de estas redes continúa siendo una prioridad para las autoridades europeas y latinoamericanas, que buscan frenar el flujo de drogas y la violencia asociada.
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