Tsunami Editorial de Ola Noticias
Hay decisiones políticas que transforman la vida de los ciudadanos. Hay otras que transforman leyes, instituciones o políticas públicas. Y también existen aquellas que, sobre todo, transforman nombres.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso cambiar la denominación tradicional de “Paso de Cortés” por “Paso de los Pueblos Indígenas”, durante un acto realizado este 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
La propuesta tiene una justificación histórica que, en principio, resulta perfectamente entendible: antes de la llegada de Hernán Cortés, los pueblos originarios ya habitaban, transitaban y conocían profundamente esos territorios.
Hasta ahí, difícilmente habría motivo para cuestionar la reivindicación de los pueblos indígenas.
El problema comienza cuando observamos la decisión desde otra perspectiva: la congruencia política.
El mismo argumento que antes se cuestionó
En 2025, cuando el entonces presidente estadounidense Donald Trump impulsó el uso de la denominación “Golfo de América”, Sheinbaum defendió públicamente el nombre histórico de “Golfo de México”.
La presidenta explicó entonces que Estados Unidos podía utilizar la denominación que quisiera dentro de la zona marítima bajo su jurisdicción, pero cuestionó que ese cambio pretendiera extenderse al resto del Golfo. Incluso su gobierno argumentó que “Golfo de México” es una denominación histórica respaldada por tratados y reconocida internacionalmente.
La posición tenía lógica: un gobierno no puede simplemente pretender modificar por decreto la historia y el uso internacional de una denominación geográfica que trasciende sus fronteras.
Pero ahora surge una pregunta inevitable:
¿Qué diferencia existe entre cambiar un nombre geográfico por una reivindicación nacional y cambiar otro por una reivindicación histórica?
No son casos idénticos. Jurídicamente, evidentemente no lo son.
Pero políticamente sí existe un elemento común: el poder utiliza la nomenclatura para transmitir un mensaje sobre la identidad y la historia.
Y ahí es donde la presidenta debe aceptar el escrutinio que ella misma ha exigido en otros casos.
Reconocer no significa borrar
México no comenzó con Hernán Cortés.
Pero tampoco comenzó exclusivamente con las civilizaciones que existían antes de la llegada de los españoles.
La historia mexicana es mucho más compleja.
Es indígena, mesoamericana, española, virreinal, independentista, republicana y contemporánea. Es una historia llena de encuentros, enfrentamientos, mezclas, abusos, resistencias y transformaciones.
Hernán Cortés forma parte de esa historia.
Los pueblos indígenas forman parte de esa historia.
La Conquista forma parte de esa historia.
Y cambiar el nombre de un lugar no modifica ninguno de esos acontecimientos.
Por eso el debate no debería ser si debemos reconocer a los pueblos originarios. Por supuesto que debemos hacerlo.
La verdadera pregunta es si el reconocimiento histórico se consigue modificando nombres o si sería mucho más trascendente hacerlo mediante políticas públicas que fortalezcan sus lenguas, educación, patrimonio, derechos, infraestructura y oportunidades económicas.
Porque cambiar un nombre es sencillo.
Cambiar las condiciones de vida es muchísimo más difícil.
¿Y qué sigue?
Aquí aparece la pregunta que quizá resulte incómoda:
¿Qué sigue después del Paso de Cortés?
Si el argumento es que no debemos mantener nombres relacionados con personajes de la Conquista porque representan una narrativa colonial, entonces habría que preguntar qué ocurrirá con otros nombres históricos.
¿El Mar de Cortés?
¿Calles y avenidas?
¿Monumentos?
¿Plazas?
¿Lugares que llevan nombres de personajes vinculados con la época colonial?
¿Hasta dónde llega el criterio?
Porque la historia no puede convertirse en una lista de nombres que cada gobierno modifica de acuerdo con la sensibilidad política de su tiempo.
Hoy puede ser Hernán Cortés.
Mañana puede ser otro personaje.
Y pasado mañana puede ser alguien que la siguiente generación considere políticamente incorrecto.
Entonces podríamos terminar haciendo algo paradójico: en lugar de enseñar la historia, estaríamos tratando de acomodarla a la política del presente.
El problema del costo y la utilidad
También existe una pregunta práctica.
¿Qué beneficio concreto obtendrá la población mexicana con el cambio?
Porque una modificación oficial de nomenclatura puede implicar, dependiendo de su alcance, actualizaciones en mapas, señalización, documentos, referencias institucionales, materiales educativos, publicaciones turísticas y bases de datos.
Y mientras las instituciones pueden modificar sus registros, hay algo que el gobierno no puede ordenar por decreto:
la manera en que la gente habla.
Durante generaciones, millones de personas han conocido ese lugar como Paso de Cortés.
Es posible que el nuevo nombre aparezca en documentos oficiales y mapas institucionales, mientras que en la conversación cotidiana continúe prevaleciendo el nombre tradicional.
Eso no sería necesariamente un fracaso administrativo.
Pero sí demostraría que los nombres históricos no pertenecen exclusivamente al gobierno. También pertenecen a la memoria colectiva.
La contradicción que merece explicaciones
Por eso la discusión no debería reducirse a defender o atacar a Claudia Sheinbaum.
La pregunta es mucho más sencilla:
Si cambiar unilateralmente una denominación histórica puede ser cuestionable cuando lo hace Donald Trump, ¿por qué resulta automáticamente legítimo cuando lo hace el gobierno mexicano?
La respuesta no puede ser simplemente: “porque nosotros tenemos una buena causa”.
Todas las decisiones políticas necesitan ser evaluadas por sus resultados, sus fundamentos y su congruencia.
Reconocer a los pueblos indígenas es una causa legítima.
Defender la memoria histórica también lo es.
Pero una cosa es reconocer a quienes fueron invisibilizados durante siglos y otra es pensar que para hacerlo necesitamos cambiar los nombres que forman parte de nuestra historia.
Porque hay una verdad que ningún decreto puede modificar:
cambiar el nombre de un lugar no cambia lo que ocurrió ahí.
La historia no necesita que el poder la rebautice.
Necesita que la sociedad la conozca completa.
Con sus pueblos originarios.
Con sus conquistadores.
Con sus héroes.
Con sus abusos.
Con sus derrotas.
Con sus contradicciones.
Y, sobre todo, sin permitir que ningún gobierno —de izquierda, de derecha o de cualquier otra ideología— crea que tiene el derecho de decidir qué parte de la historia debemos recordar y cuál debemos dejar de nombrar.
Porque una sociedad madura no borra su historia para sentirse orgullosa de ella. La conoce completa y aprende de ella.
