Internacional, 1 de octubre de 2026.- Cientos de personas en España realizaron caceroladas frente a ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Córdoba para exigir al Congreso la aprobación de medidas contra la crisis de la vivienda. La protesta se replicó en varias ciudades y también desde las ventanas de viviendas.
Las manifestaciones se dieron un día antes de que el Congreso vote dos decretos impulsados por el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Estas medidas buscan endurecer las restricciones a los desalojos de inquilinos vulnerables y regular la actuación de los llamados “fondos buitre”, empresas que compran inmuebles para aumentar sus ganancias.
El gobierno necesita el apoyo de varios partidos en un Parlamento fragmentado para aprobar los decretos. Pedro Sánchez pidió a los diputados “altura de miras” y dejar de lado las confrontaciones partidistas para atender una cuestión de humanidad.
Las protestas se intensificaron luego del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivió en su vivienda madrileña por más de siete décadas. Su inmueble fue adquirido por una empresa que pretendía aumentar el alquiler en un 275 por ciento, lo que generó indignación social y acampadas en varias ciudades.
“Es el momento de escuchar a la calle, de dejar de hacer cálculos partidistas que enfadan a la gente”, declaró Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, durante la protesta frente al Ayuntamiento de Madrid, controlado por el Partido Popular, que anunció que votará en contra de las medidas.
Crisis habitacional y déficit de vivienda en España
España enfrenta un déficit de aproximadamente 700 mil viviendas, según el Banco de España. La escasez de vivienda pública y el aumento de los alquileres, impulsados por la demanda turística y el crecimiento poblacional, agravan la crisis habitacional.
El caso de Abascal se convirtió en un símbolo de esta problemática social. Se espera que la mujer regrese a su apartamento tras un acuerdo con el propietario. Mientras tanto, el Congreso debe decidir si aprueba las medidas que buscan proteger a los inquilinos vulnerables y limitar la especulación inmobiliaria.
Medidas para proteger a inquilinos vulnerables
Las propuestas del gobierno incluyen restricciones más estrictas a los desalojos y regulaciones para los fondos de inversión inmobiliaria. Estas acciones pretenden frenar el aumento desmedido de los alquileres y garantizar el acceso a una vivienda digna.
El debate en el Congreso será clave para definir el rumbo de la política habitacional en España. La presión social y las protestas reflejan la urgencia de atender esta crisis que afecta a miles de ciudadanos.
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