Internacional, 31 de agosto de 2026.- Un bombardeo realizado el 27 de agosto en el departamento de Guaviare, Colombia, contra campamentos de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejó como saldo tres menores de edad muertos, confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El presidente colombiano Abelardo de la Espriella defendió la operación militar y calificó a los grupos atacados como “narcoterroristas”. En su cuenta de X, afirmó que los responsables del reclutamiento forzado de menores deben ser sancionados por violar el Derecho Humanitario.
La ofensiva se dirigió contra las disidencias comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, uno de los más buscados del país. El Ministerio de Defensa informó que en la acción se neutralizaron 10 combatientes, entre ellos dos menores de 15 años y uno de 16, además de capturar a un adulto y rescatar a otro menor con vida.
La operación, según el Ministerio, cumplió con todos los estándares legales para ataques aéreos estratégicos, y rechazó el reclutamiento forzado como un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.
Contexto del bombardeo y reclutamiento infantil en Colombia
Este bombardeo es el segundo reportado en lo que va del gobierno de De la Espriella, quien asumió el 7 de agosto con una política de mano dura contra grupos ilegales, priorizando operaciones militares y cerrando las mesas de diálogo de paz.
El reclutamiento de menores por parte de grupos armados ha sido un tema recurrente en Colombia. La Defensoría del Pueblo reportó que entre enero y julio de 2026 al menos 97 menores fueron reclutados forzosamente, principalmente en Cauca, Nariño y Norte de Santander.
Reacciones y exigencias de transparencia
Verónica Estrada, congresista del Pacto Histórico, exigió al gobierno explicaciones sobre la inteligencia militar que justificó el bombardeo y las medidas para proteger a los menores. Señaló que los niños reclutados siguen siendo víctimas, independientemente de su participación forzada en el conflicto.
El primer bombardeo de este gobierno ocurrió el 11 de agosto contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Catatumbo, y también fue cuestionado por posibles daños a civiles.
El presidente informó además un tercer bombardeo en Guaviare, donde murieron ocho presuntos integrantes de las disidencias, sin precisar si hubo menores entre ellos.
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