Internacional, 12 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Bolivia acusó al expresidente Evo Morales de liderar una presunta red de narcotráfico que opera desde el Trópico de Cochabamba, una región clave en la producción de hoja de coca y bastión político del exmandatario.
Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, confirmó que Morales tendría el control de actividades relacionadas con la producción y distribución de drogas en esa zona. Además, señaló que recursos provenientes del Trópico habrían financiado las protestas y bloqueos que se registraron entre mayo y junio de este año.
Las movilizaciones, impulsadas por organizaciones campesinas y sectores sindicales afines a Morales, exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz y se extendieron durante 53 días. Según Oviedo, durante operativos se detectó el movimiento de más de ocho millones de bolivianos presuntamente ligados a estas actividades ilícitas.
Evo Morales y las acusaciones de narcotráfico
El conflicto dejó un saldo de 16 personas fallecidas, en su mayoría por dificultades para acceder a atención médica debido a los bloqueos en carreteras. La Fiscalía boliviana mantiene abierta una investigación penal contra Morales por presuntos delitos de alzamiento armado y terrorismo relacionados con la organización de las protestas.
En este contexto, existe una orden de captura vigente contra el exmandatario, quien también enfrenta otra orden de detención por una investigación por presunta trata agravada de personas. Se le acusa de mantener una relación con una menor durante su presidencia y de haber tenido un hijo con ella en 2016.
Desde octubre de 2024, Morales no ha abandonado el Trópico de Cochabamba, donde sus seguidores vigilan para impedir que las autoridades ejecuten las órdenes de aprehensión. En respuesta, el expresidente rechazó las acusaciones y afirmó que si fuera jefe de un cártel, el ministro de Gobierno sería su subordinado.
Impacto y seguimiento del caso Evo Morales narcotráfico
Las acusaciones contra Morales profundizan la crisis política y social en Bolivia, con consecuencias directas en la seguridad y estabilidad del país. La justicia boliviana continúa con las investigaciones y la ejecución de órdenes judiciales, mientras el exmandatario mantiene su posición en el Trópico de Cochabamba.
El desarrollo de este caso será clave para definir el rumbo político en Bolivia y la lucha contra el narcotráfico en la región.
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