Sinaloa, 6 de julio de 2026.- Los casos de personas desaparecidas y no localizadas en Sinaloa aumentaron un 252% durante la administración de Rubén Rocha Moya, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). El registro muestra un incremento de 270 casos en 2022 a 951 en 2025, la cifra anual más alta en su gestión.
Entre el 1 de noviembre de 2021, fecha en que Rocha Moya asumió la gubernatura, y el 2 de mayo de 2026, cuando solicitó licencia, se reportaron 5 mil 26 personas desaparecidas en la entidad. De ellas, 2 mil 553 continúan sin ser localizadas, 2 mil 473 fueron encontradas y 413 fueron halladas sin vida.
Desde que Yeraldine Bonilla Valverde asumió el cargo como gobernadora sustituta, en dos meses se han registrado 149 desapariciones, con 21 personas localizadas y 128 aún desaparecidas.
Los datos oficiales reflejan una tendencia ascendente: 270 casos en 2022, 321 en 2023, 715 en 2024 y 951 en 2025. Sólo en los primeros meses de 2026 se contabilizaron 244 desapariciones adicionales.
Contexto y factores de aumento
Especialistas consultados coinciden en que el incremento de desapariciones es un indicador del deterioro de la seguridad en Sinaloa, vinculado a la disputa entre grupos criminales y la debilidad institucional. Eunice Rendón, experta en migración y seguridad, señala que esta problemática está relacionada con el control territorial, reclutamiento forzado e impunidad.
La confrontación interna del Cártel de Sinaloa, especialmente entre las facciones de Los Chapitos y las cercanas a Ismael El Mayo Zambada, ha generado una escalada de violencia que incluye desapariciones y desplazamientos forzados.
“Cada desaparición representa una búsqueda constante y un impacto humanitario para las familias”, destaca Rendón, quien advierte que el fenómeno debe analizarse desde una perspectiva de derechos humanos.
Víctor Hernández, experto en seguridad, atribuye la crisis en Sinaloa también a decisiones federales y a la presión de Estados Unidos para desmantelar estructuras del Cártel de Sinaloa, lo que ha alterado el equilibrio criminal y generado efectos colaterales en la violencia.
Además, Hernández señala que las desapariciones requieren investigaciones especializadas y seguimiento a largo plazo, pero la falta de incentivos políticos limita la capacidad estatal para resolver estos casos.
Impacto social y retos institucionales
Julia Ramos, académica de la UNAM, considera que el aumento sostenido de desapariciones refleja una incapacidad institucional para responder a la violencia creciente. El fenómeno se ha convertido en un problema estructural que afecta comunidades, provoca desplazamientos y genera desconfianza hacia las autoridades.
Ramos subraya que en muchos casos son los familiares quienes asumen la búsqueda y documentación, evidenciando la fragilidad de los mecanismos oficiales.
La investigadora enfatiza que la evaluación de seguridad debe incluir indicadores como desapariciones y atención a víctimas, ya que estos revelan la presencia o ausencia efectiva del Estado en territorios afectados.
Los datos y análisis coinciden en que las desapariciones en Sinaloa son un termómetro sensible de la crisis de seguridad y la influencia creciente del crimen organizado, con desafíos significativos para la procuración de justicia y la protección de la población.
También puedes leer: Más noticias de Internacionales en OLA Noticias.
