Ciudad de México, 26 de agosto de 2026.- Este miércoles se reanudó la audiencia inicial contra Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Marina, acusado de huachicol fiscal a través de vías marítimas. La diligencia se lleva a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez y es dirigida por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega.
La audiencia se realiza por videoconferencia y permanece cerrada a medios de comunicación, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) que argumentó razones de seguridad nacional para restringir el acceso. La defensa del exmarino solicitó la duplicidad del plazo legal para recabar pruebas y responder a la acusación.
Epigmenio Mendieta, abogado principal de Farías Laguna, explicó que la defensa buscará desvirtuar al menos 100 datos de prueba presentados por la FGR, los cuales vinculan a su cliente con una red de contrabando y distribución de combustible en aduanas marítimas. Sin embargo, aseguró que no hay elementos que involucren directamente al excontralmirante con las aduanas señaladas.
Defensa prepara argumentos y testigos para audiencia
Mendieta detalló que han preparado intervenciones de peritos y la presentación de testigos que consideran útiles para demostrar que Farías Laguna no lidera ninguna organización criminal. Además, indicó que la decisión sobre si su cliente declarará en esta etapa será tomada tras una conversación privada en la sala de audiencias.
La audiencia representa un paso clave para definir si Fernando Farías Laguna será vinculado a proceso penal por los delitos que se le imputan. La FGR sostiene que existen pruebas suficientes para relacionarlo con actividades ilícitas en el contrabando de combustible.
Implicaciones legales y próximas etapas del caso
El resultado de esta audiencia determinará el curso del proceso judicial y la posibilidad de que el excontralmirante enfrente un juicio formal. La defensa continúa trabajando en la presentación de pruebas y argumentos para evitar la vinculación a proceso.
Este caso es relevante por la presunta participación de un alto mando naval en actividades ilícitas relacionadas con el huachicol fiscal, un delito que afecta la economía y seguridad nacional. La resolución judicial tendrá impacto en la percepción pública sobre la lucha contra este tipo de delitos.
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