
Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó vínculos entre varias empresas proveedoras y personas relacionadas con el Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellas un extrabajador del instituto que figura como apoderado de una de las firmas.
El hallazgo forma parte de una investigación que la ASF ha compartido con los entes públicos del sector electoral para revisar posibles irregularidades en contrataciones públicas.
El documento oficial identifica conexiones entre las empresas Zeg, Graf, Formas Finas y Seriplast. Cinco personas aparecen vinculadas tanto con Zeg como con Graf, además de otras relaciones corporativas entre las sociedades mencionadas.
Jonathan “N”, extrabajador del INE, es apoderado legal de Zeg, mientras que Alejandro “N” es socio de esa empresa y delegado de las asambleas de Formas Finas. Estas relaciones generan indicios que ameritan una revisión más profunda para descartar conflictos de interés o prácticas indebidas.
Mapa de relaciones y vínculos detectados
El mapa de relaciones elaborado por la ASF contabiliza siete empresas, 83 personas y 89 vínculos. En el centro del esquema aparece Corporativo Zeg, conectado con Formas Finas y Materiales por Alejandro “N”, y con Cajas Graf por César “N”, Omar “N”, Fernando “N” y Raymundo “N”. Además, Tatiana “N” vincula a Cajas Graf con Seriplast de México.
El informe señala que Jonathan “N” reportó percepciones por 601 mil 751.04 pesos entre mayo de 2025 y marzo de 2026. También se indica que proveedores del Corporativo Zeg trabajaron con el Programa de Apoyo a la Certificación (PAC) por 21.3 millones de pesos.
Recomendaciones y próximos pasos
La ASF concluyó que estas conexiones y antecedentes laborales constituyen indicios suficientes para profundizar en la revisión de las contrataciones públicas. El objetivo es determinar si existen responsabilidades legales o conflictos de interés que puedan afectar la transparencia del sector electoral.
De esta forma, las autoridades deberán evaluar las posibles prácticas indebidas y tomar las medidas correspondientes para garantizar la integridad en los procesos de contratación.
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