Ciudad de México, 9 de noviembre de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que amplió la investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta acción incluye la colaboración directa con informantes que buscan reducir sus sanciones mediante la entrega de pruebas.
El órgano técnico detalló que los informantes participan en el “Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones”, establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Gracias a esta colaboración, la ASF ha logrado avances importantes en la indagatoria.
Estos informantes han proporcionado fotos, videos, mensajes de WhatsApp y datos sobre domicilios relacionados con las irregularidades en las contrataciones públicas de organismos electorales. La investigación abarca varios años y apunta a un posible duopolio en el INE, donde beneficiarios finales de ciertas empresas habrían influido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus intereses.
Detalles de la investigación y avances
La ASF, bajo la dirección de Aureliano Hernández Palacios Cardel, explicó que las indagatorias buscan identificar a más involucrados y rastrear el destino de los recursos públicos. Los datos aportados por los informantes han sido clave para documentar indicios de irregularidades y posibles actos de corrupción en la contratación de servicios.
Además, el organismo aseguró que continuará con las investigaciones para imponer las responsabilidades correspondientes a quienes resulten responsables. La colaboración con informantes representa una estrategia inédita para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos electorales.
Impacto y seguimiento de la investigación
Esta ampliación en la investigación puede tener repercusiones importantes en la administración del INE y en la supervisión de sus procesos de contratación. La ASF busca garantizar que se sancione a quienes hayan participado en actos irregulares y evitar que se repitan prácticas que afecten la integridad de los procesos electorales.
De esta forma, la Auditoría Superior reafirma su papel en la fiscalización y vigilancia del uso correcto de los recursos públicos federales, especialmente en organismos clave para la democracia mexicana.
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