Surprise, Arizona, 2 de julio de 2026.- El estado de Arizona logró un acuerdo judicial que suspende temporalmente la apertura de un centro de detención para migrantes en una bodega de la ciudad de Surprise. La medida fue anunciada por la fiscal estatal Kris Mayers y responde a la falta de un estudio de impacto ambiental sobre el proyecto.
La Fiscalía de Arizona presentó en abril una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuestionando cómo la instalación afectaría a la comunidad local. El acuerdo obliga a DHS y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a detener cualquier adecuación o uso de la estructura hasta que se complete el análisis ambiental.
El centro planeado tendría capacidad para albergar a mil 500 personas y fue adquirido recientemente por el Gobierno federal por un costo inicial de 70 millones de dólares, con gastos operativos anuales estimados en 180 millones. La instalación se ubica cerca de una escuela secundaria y zonas habitadas principalmente por población hispana, lo que generó rechazo entre residentes y activistas.
“Este acuerdo es una victoria para la comunidad de Surprise, ya que obliga a las agencias federales a cumplir con la ley y a evaluar el impacto ambiental de este tipo de proyectos”, declaró Kris Mayers en un comunicado oficial. El acuerdo también prohíbe cualquier demolición o renovación en la bodega hasta que el estudio esté concluido.
La compra y conversión de depósitos en centros de detención forma parte de la política migratoria implementada por la administración del expresidente Donald Trump, que ha sido objeto de múltiples controversias y protestas a nivel nacional.
Impacto y reacciones en Surprise
El anuncio del centro generó inquietud en la comunidad local, que teme por la seguridad y el bienestar de los residentes, especialmente por la proximidad a escuelas y barrios con alta concentración de migrantes y familias hispanas. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado la falta de transparencia y los posibles efectos negativos en el entorno social y ambiental.
Próximos pasos en el proceso
Con el acuerdo vigente, las autoridades federales deberán realizar el estudio ambiental requerido antes de continuar con cualquier actividad en la instalación. Esta suspensión temporal abre un espacio para que se evalúen los riesgos y se atiendan las preocupaciones de la comunidad.
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