Chetumal, Quintana Roo, 14 de enero. Con 17 votos a favor y tres en contra, el Congreso de Quintana Roo aprobó la nueva Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio, propuesta por la gobernadora Mara Lezama Espinosa. Esta ley sustituye la normativa vigente desde 1978, ampliando las causas de utilidad pública a 25 puntos clave, entre los que destacan proyectos relacionados con agua potable, drenaje, control de contaminación y obras panorámicas, así como inversiones públicas y privadas que beneficien a la colectividad.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Arturo Sanen Cervantes, aseguró que la reforma busca garantizar el derecho de audiencia y permitir la reversión de expropiaciones si los bienes no son utilizados para su propósito original. Sin embargo, el diputado José Luis Pech, de Movimiento Ciudadano, cuestionó la constitucionalidad de la ley, argumentando que convierte un proceso jurisdiccional en administrativo, lo que podría violar el artículo 14 de la Constitución Mexicana.
Además de los cambios en la ley de expropiación, se presentó una propuesta de la gobernadora para eliminar el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO), integrando sus funciones a los órganos internos de control de los poderes y organismos estatales. Aunque este planteamiento sigue en comisiones, genera inquietud entre sectores que consideran fundamental la transparencia en la gestión pública.
Es una buena noticia que se hable de estos temas importantes, pero a veces siento que se quedan cortos en explicar cómo podemos ayudar de verdad. La información es útil, pero sería genial tener más ideas prácticas para involucrarnos.
Es genial que se hable sobre el medio ambiente, pero a veces siento que las acciones que se proponen son más bien palabras vacías. Necesitamos que la gente pase de hablar a hacer, porque al final del día, solo hablar no cambia nada.