Ciudad de México, 22 de septiembre de 2026.- La Secretaría de la Función Pública, a través de Raquel Buenrostro Sánchez, aclaró que no investiga a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) por casos de huachicol. La funcionaria explicó que Pemex tiene una normatividad propia y que las denuncias relacionadas con robo de combustible se presentan directamente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para sanciones penales.
Buenrostro señaló que cuando la Secretaría recibe denuncias contra servidores públicos, estas se atienden solo si corresponden a faltas administrativas. Sin embargo, en delitos graves como el huachicol, las denuncias se canalizan a la FGR, lo que explica que pocos casos lleguen a la Secretaría Anticorrupción.
“Cuando tienes una falta administrativa y una penal, muchos optamos por la penal, porque la sanción es más grave y se actúa de manera más enérgica”, comentó la secretaria durante la conferencia matutina del martes.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que de octubre de 2024 a septiembre de 2026 se han detenido a 2 mil 654 personas por delitos relacionados con combustible, según cifras de la FGR. Sin embargo, aseguró que hasta ahora no se ha encontrado a ningún funcionario de Pemex involucrado directamente en el robo de combustible.
Normatividad propia de Pemex y seguimiento de casos
Raquel Buenrostro explicó que Pemex está regulada por su Consejo de Administración y cuenta con auditorías internas. Cuando se detectan presuntos responsables que son servidores públicos, la información se remite a la Secretaría para aplicar medidas administrativas.
Actualmente, hay tres funcionarios separados de su cargo por casos relacionados con derrames petroleros, con carpetas de investigación abiertas. Además, existen investigaciones en materia aduanal y en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por irregularidades con factureras.
Implicaciones y acciones en materia anticorrupción
La Secretaría Anticorrupción mantiene revisiones abiertas en diversas dependencias para fiscalizar faltas administrativas y penales. Buenrostro destacó que la vía penal es preferida para sancionar con mayor severidad a quienes cometen delitos graves.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum solicitó a la FGR informar cuántos de los detenidos por delitos relacionados con combustible son servidores públicos o particulares, para transparentar el alcance de las investigaciones.
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