Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ordenó destruir videos clave relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta revelación se sustenta en testimonios de dos testigos protegidos que colaboraron con la investigación.
Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, detalló que los videos desaparecidos corresponden a las grabaciones captadas por cámaras de seguridad ubicadas frente al Palacio de Justicia de Iguala. Estas imágenes muestran la detención del autobús Estrella Blanca en el que viajaban los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014.
La fiscal explicó que inicialmente las autoridades negaron la existencia de estos videos, argumentando fallas técnicas. Sin embargo, en enero de 2026, un colaborador confirmó la existencia del material y señaló que fue sustraído para entregarlo directamente a Ángel Aguirre. Además, mencionó amenazas que explican el silencio previo sobre este hecho.
En mayo de este año, otro testigo protegido aportó información que fortaleció la investigación. Este declaró que el exgobernador ordenó en una reunión con altos mandos estatales la desaparición de cualquier evidencia relacionada con el caso.
Implicaciones legales y avances en la investigación
La FGR cuenta con pruebas que demuestran que la instrucción para ocultar los videos fue emitida directamente por Aguirre, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel. La fiscal calificó esta acción como una operación dolosa y deliberada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal.
Ante estos hechos, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Ángel Aguirre. Esta fue cumplimentada recientemente en el Estado de México por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
Compromiso con la verdad y la justicia en Ayotzinapa
Godoy Ramos aseguró que la Fiscalía mantiene respeto absoluto a los derechos humanos del detenido y mantiene informadas a las familias de los estudiantes y a la sociedad mexicana sobre los avances. Reiteró el compromiso de continuar las pesquisas con rigor científico y profesionalismo hasta esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Este nuevo desarrollo representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para los 43 normalistas desaparecidos, evidenciando la participación directa de autoridades estatales en la obstrucción de la investigación.
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