Ciudad de México, 11 de agosto de 2026.- El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, actualmente preso en el penal de El Altiplano, ordenó la destrucción de videos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según testimonios recabados en la investigación ministerial.
De acuerdo con el expediente al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, Aguirre controlaba tanto a las organizaciones policiales como a grupos delincuenciales en Guerrero. Testigos indican que el exmandatario instruyó a su sobrino, Ernesto Aguirre, destruir evidencias para evitar que se conociera su presunta relación con la desaparición forzada ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La exvisitadora general del Consejo de la Judicatura estatal, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, relató en entrevista ministerial que escuchó a Aguirre ordenar la eliminación de pruebas para protegerse a él y a su círculo cercano, que incluía a funcionarios como el exprocurador Iñaki Blanco y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.
El 29 de septiembre de 2014, Estrada Ortega recibió un video captado por cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. En él se observaba a policías trasladando a jóvenes, presuntamente los normalistas, escoltados por personas armadas no identificadas. Sin embargo, no pudieron reproducir el material en ese momento y el video fue entregado a Aguirre, quien se encargó de su custodia.
Posteriormente, se supo que el equipo de grabación fue dañado intencionalmente para borrar las imágenes. Lambertina Galeana expresó temor por amenazas recibidas si denunciaba la pérdida de los videos, mientras que Estrada Ortega confesó haber sufrido presión y miedo tras informar al exgobernador sobre la situación.
Control y destrucción de evidencias en Guerrero
El expediente detalla que Aguirre tenía un poder considerable para ordenar acciones dentro de la policía estatal y municipal. Sus instrucciones eran acatadas rigurosamente, lo que facilitó la desaparición de pruebas clave en la investigación del caso Ayotzinapa.
La investigación federal continúa para esclarecer el papel de los funcionarios involucrados y la posible complicidad en la desaparición forzada de los estudiantes. La destrucción de videos representa un obstáculo para la justicia y la verdad en este caso emblemático.
Implicaciones y seguimiento del caso Ayotzinapa
El caso de los 43 normalistas sigue siendo un tema sensible en México. La revelación de que un exgobernador ordenó borrar evidencias agrava la percepción de impunidad y corrupción en Guerrero. Las autoridades federales mantienen abierta la investigación para identificar a todos los responsables y garantizar sanciones.
El seguimiento judicial y la protección a testigos serán fundamentales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y evitar que se repitan violaciones a los derechos humanos en la región.
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