El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, mantuvo su postura de hermetismo frente a los medios de comunicación al ser cuestionado sobre la situación jurídica de su compañero de bancada, Enrique Inzunza Cázarez. Ante las preguntas de la prensa sobre las graves acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU., el legislador se limitó a responder: “Ya saben que yo no hago declaraciones”. Este silencio ocurre en un momento crítico donde la administración federal ha solicitado formalmente que se presenten las pruebas a Estados Unidos para sustentar dichos señalamientos.
La evasiva de López Hernández se suma al clima de tensión que rodea al Senado de la República tras la vinculación de Inzunza con estructuras delictivas en Sinaloa. Mientras el líder de la bancada morenista opta por la discreción, desde el Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática en que no se puede actuar sin fundamentos. La mandataria ha reiterado que, para tomar medidas legales o políticas, es indispensable contar con la evidencia para Estados Unidos y para México que valide las imputaciones realizadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
La postura oficial sobre las acusaciones
En sus intervenciones más recientes, Sheinbaum ha defendido la presunción de inocencia de los señalados, argumentando que hasta ahora solo existen “dichos” en medios de comunicación. La presidenta ha condicionado cualquier acción a la entrega de documentos oficiales, lanzando un mensaje claro: “¿Qué es lo que digo yo? Pruebas, denos pruebas porque no hay pruebas”. Por ello, las pruebas presentadas a Estados Unidos por supuestos testigos protegidos no son suficientes para que el Gobierno de México inicie procesos de desafuero o remoción de sus legisladores sin un sustento jurídico nacional.
Esta resistencia a actuar basándose únicamente en informes extranjeros subraya la defensa de la soberanía judicial. El senador Inzunza, por su parte, se ha reincorporado a sus actividades legislativas este 6 de mayo de 2026, respaldado por el silencio de su coordinador y la exigencia de la presidenta de un sustento para Estados Unidos que sea real. Para el bloque oficialista, la prioridad es evitar que las acusaciones externas interfieran en la estabilidad de las instituciones mexicanas sin una base legal comprobable.
