CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México exigió pruebas ante las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con “Los Chapitos”.
Pero, esto generó nuevas críticas luego de revelarse que el congelamiento de cuentas bancarias se realizó varios días después de la imputación presentada por autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la editorial “Engañar con la verdad”, del periodista Raymundo Riva Palacio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó a instituciones financieras mexicanas el bloqueo de cuentas de los implicados el 6 de mayo.
Ocho días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizara las acusaciones en la Corte del Distrito Sur de Manhattan.
La información, publicada inicialmente por el reportero de investigación Jorge García Orozco en la revista digital Emeequis, expone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió la solicitud de bloqueo financiero como parte del procedimiento legal derivado de las acusaciones estadounidenses.
Sin embargo, el editorialista sostiene que el retraso permitió que los señalados pudieran mover recursos, transferir dinero al extranjero o realizar operaciones financieras para evitar el rastreo de fondos presuntamente vinculados con actividades ilícitas.
Caso Rubén Rocha Moya: cuestionan tiempos de reacción de la UIF
Según el análisis de Riva Palacio, el principal cuestionamiento se centra en el tiempo que transcurrió entre las acusaciones formuladas en Estados Unidos y la activación de medidas financieras en México.
La UIF y las autoridades mexicanas actuaron con lentitud pese a la rapidez con la que pueden realizarse transferencias bancarias internacionales.
El periodista recordó antecedentes ocurridos durante la gestión de Santiago Nieto en la UIF, cuando empresarios denunciaron presuntas prácticas para permitir movimientos de dinero mediante descongelamientos temporales de cuentas.
En el caso de Rocha Moya y los otros nueve funcionarios, Riva Palacio sostiene que no fue necesario recurrir a mecanismos irregulares porque, presuntamente, contaron con varios días para reorganizar recursos financieros antes de que se concretara el bloqueo.
La publicación añade que varios de los funcionarios acusados ya habrían transferido recursos al extranjero, presuntamente provenientes de pagos realizados por “Los Chapitos”, por lo que conocían mecanismos financieros para mover capitales fuera del alcance de las autoridades mexicanas.
Riva Palacio afirma que este lapso representó “una eternidad” considerando el contexto de las acusaciones y la naturaleza de las investigaciones relacionadas con presunto narcotráfico y lavado de dinero.
UIF y Fiscalía: señalan presuntas obstrucciones en investigación financiera
En su editorial, Riva Palacio también expone que, una vez realizado el congelamiento de cuentas, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó información financiera sobre los acusados el 8 de mayo.
No obstante, el periodista sostiene que el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, no habría sido autorizado para responder a la fiscalía con toda la información disponible sobre los movimientos financieros investigados.
UIF habría entregado únicamente información “económica” a la Fiscalía, limitando el alcance de las investigaciones sobre el origen de los recursos encontrados en las cuentas bancarias de los implicados, aseguró.
En su análisis señala que el procedimiento habitual consiste en utilizar el congelamiento preventivo como parte de una investigación financiera más amplia para determinar posibles delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, Riva Palacio afirma que este procedimiento no se completó plenamente y que ello representó una segunda obstrucción en el caso relacionado con Rocha Moya y los otros funcionarios acusados en Manhattan.
Renuncias en la UIF y presunta exoneración de Rocha Moya
En su editorial de hoy lunes, Riva Palacio también asegura que dentro de la UIF comenzaron a circular documentos orientados a exonerar completamente a Rocha Moya de posibles vínculos con recursos ilícitos.
El texto relaciona este hecho con declaraciones recientes del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien afirmó que no se habían encontrado conductas ilícitas del exgobernador sinaloense.
Según Riva Palacio, varios funcionarios con facultades legales para firmar dictámenes dentro de la UIF se negaron a respaldar dichos documentos, argumentando desacuerdos con una eventual exoneración sin haberse agotado los procedimientos de investigación.
Señala que, derivado de esas diferencias internas, al menos cinco funcionarios habrían optado por renunciar antes que validar un documento que consideraban contrario al debido proceso.
Estas acciones reflejan irregularidades adicionales en torno a la protección política, legal y financiera del exgobernador de Sinaloa, sostuvo el periodista.
Durante la mañanera de hoy lunes, Claudia Sheinbaum confirmó el bloqueo de cuentas de Rocha Moya.
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