
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, aseguró que la llamada Operación Barredora contra el fiscal Alejandro Gertz Manero no fue casualidad, sino una ofensiva directa impulsada —según él— por el senador Adán Augusto López. Para Moreno, este movimiento habría ocurrido en cuanto el fiscal comenzó a tocar temas delicados relacionados con figuras visibles de Morena. El dirigente tricolor afirmó que el gobierno federal quiere “borrar del mapa” cualquier investigación incómoda.
SUBTÍTULO 1: La acusación que reaviva tensiones políticas
Moreno señaló que el fiscal Gertz Manero enfrentó presiones internas justo cuando avanzaba en expedientes que podían generar costos políticos al partido en el poder. Explicó que detrás de la supuesta operación habría un objetivo claro: frenar averiguaciones sobre personajes ligados a altos cargos. De acuerdo con Moreno, esta maniobra muestra la fragilidad institucional en un país donde la justicia depende, muchas veces, de los intereses políticos del momento.
El dirigente del PRI insistió en que no se debe perder de vista la gravedad del asunto, pues si un fiscal general puede ser presionado por investigar casos relevantes, la autonomía de cualquier institución queda en entredicho. En su opinión, este episodio envía un mensaje preocupante a quienes buscan que los procesos judiciales se mantengan al margen de la agenda política. Además, dijo que varios sectores han comenzado a expresar inquietud por esta clase de intervenciones.
SUBTÍTULO 2: Un conflicto que podría escalar
Fuentes cercanas al entorno legislativo comentaron que la tensión entre Gertz Manero y figuras de Morena no es nueva. Sin embargo, este señalamiento público de Moreno podría abrir un nuevo capítulo en la confrontación entre el gobierno y la oposición. Especialistas consultados estiman que este tipo de choques vuelve más difícil alcanzar acuerdos en temas clave, como reformas constitucionales o ajustes al sistema judicial.
Como valor agregado, en el Congreso se comenta que detrás de esta disputa también podría haber una lucha de poder por el rumbo de la Fiscalía una vez que avance la reforma al sistema penal. Algunos legisladores advierten que el futuro del puesto del fiscal general podría estar en juego, especialmente si se aprueban los cambios que plantean mayor control desde el Legislativo. Esto colocaría a Gertz en un escenario más vulnerable.







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