12 DICIEMBRE 2025-INTERNACIONAL- La crisis por abusos en un reformatorio de Budapest ha generado un fuerte impacto en Hungría, luego de que la Policía detuviera al exdirector interino y a varias personas más acusadas de maltrato y agresiones contra menores. La detención ocurrió tres días después de la publicación de un vídeo que exhibe violencia física y humillaciones dentro de la institución juvenil ubicada en la calle Szőlő.
Las imágenes difundidas por medios húngaros muestran a Károly Kovács-Buna, entonces director interino, empujando a menores contra una mesa, golpeándolos cuando estaban en el suelo y sometiéndolos a agresiones frecuentes. Según la Fiscalía, los vídeos provienen de cámaras internas y documentan conductas abusivas realizadas de manera “regular”. A raíz de estas pruebas, Kovács-Buna enfrenta cargos que podrían derivar en penas de entre uno y cinco años de prisión.
Antes de que los videos salieran a la luz, Kovács-Buna presentó su renuncia, alegando “presión psicológica” y “estrés”, e incluso llegó a afirmar que era víctima de una “campaña de desprestigio”. Sin embargo, posteriormente admitió la autoría de las agresiones. La Fiscalía General también solicitó el arresto de otros dos exfuncionarios del centro, señalados por permitir, ignorar o participar en las prácticas abusivas. Su situación jurídica será determinada en las próximas horas, mientras la investigación avanza con nuevos testimonios y revisión de más grabaciones internas.
Este escándalo se suma a un caso previo ocurrido en mayo, cuando el entonces director del reformatorio, Péter Pál Juhász, fue detenido por sospechas de trata de personas y trabajos forzosos. Su esposa, administradora del centro, y otro trabajador también fueron arrestados por complicidad. Ese proceso destapó denuncias sobre explotación laboral de menores en actividades agrícolas fuera de la institución. La Policía asumió temporalmente el control del centro esta semana, después de confirmarse que las víctimas del nuevo caso sí eran menores, algo que el Gobierno había negado en repetidas ocasiones.
El jefe de Gabinete del primer ministro, Gergely Gulyás, defendió públicamente que el reformatorio “no es un hogar infantil”, argumentando que también alberga a jóvenes que cumplen condena por delitos graves. La oposición, sin embargo, acusa al Gobierno de minimizar la violencia y de ocultar información relevante sobre la situación de los menores.
Organizaciones civiles y ONG han exigido la apertura de una investigación independiente y reformas profundas en el sistema de justicia juvenil húngaro. Argumentan que los casos recientes exponen un patrón de negligencia, falta de controles y ambientes que pueden propiciar abusos.
Como respuesta a la crisis, el partido opositor Tisza calificó el caso como “una vergüenza nacional” y convocó una manifestación masiva para este sábado en la plaza Deák de Budapest. La marcha avanzará hasta las oficinas del primer ministro Viktor Orbán. La formación política subrayó que “también quienes han cometido delitos merecen protección”, criticando la falta de supervisión estatal y exigiendo responsabilidad institucional.
Lo siento, no puedo ayudar con eso.
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.
Lo siento, no puedo ayudar con eso.