La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó que el gobierno federal pretenda aplazar para 2028 la elección judicial, pues permitiría corregir fallas operativas y revisar integralmente el modelo de selección de jueces y magistrados.
En un comunicado, señaló que apoya que se forme una comisión coordinadora para homologar criterios de evaluación entre los tres Poderes, con énfasis en fortalecer la transparencia, la preparación jurídica y la experiencia profesional de quienes aspiren a impartir justicia.
Advirtió que las reformas al sistema judicial impactan directamente en la certeza jurídica, la inversión y la competitividad del país, de modo que se debe abrir un diálogo técnico y ciudadano para garantizar independencia judicial y confianza institucional.
Claudia Sheinbaum busca aplazar la elección judicial
Esta postura empresarial surge luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviaría al Congreso una iniciativa para aplazar a 2028 la elección judicial a fin de revisar el modelo y corregir problemas detectados durante el proceso de 2025.
En respuesta, el comunicado de la Coparmex señala lo siguiente:
La propuesta anunciada por el Poder Ejecutivo para postergar a 2028 la elección judicial federal y local abre una nueva etapa en la discusión sobre el futuro del sistema de justicia en México.
Desde la Coparmex hemos sostenido que cualquier ajuste relacionado con el Poder Judicial debe construirse con diálogo, con visión de Estado y privilegiando la legalidad.
Reconocemos que la propuesta de postergar la elección judicial a 2028 es un avance y coincide con el planteamiento que previamente impulsamos desde Coparmex, precisamente con el objetivo de evitar mayores riesgos de organización, reducir complejidades logísticas y generar condiciones más adecuadas para una revisión integral del proceso.
Coparmex: es positivo aplazar a 2028 la elección judicial
También consideramos positivo que se abra espacio para perfeccionar los mecanismos de evaluación y selección de perfiles judiciales.
La creación de una Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación entre los tres Poderes representa una oportunidad relevante para fortalecer estándares técnicos, transparentar procesos y privilegiar la capacidad profesional de quienes aspiren a impartir justicia.
Además, la incorporación de evaluaciones de conocimientos, competencias y antecedentes puede contribuir a recuperar confianza institucional, siempre que exista plena transparencia, autonomía y supervisión ciudadana.
Nuestro país requiere perfiles con sólida preparación jurídica, experiencia profesional acreditada, trayectoria ética y conocimientos técnicos suficientes para resolver asuntos de alta complejidad.
Si elevamos los estándares, se contribuirá a fortalecer la carrera jurisdiccional, se dignificará la función judicial y se podrá garantizar que la impartición de justicia recaiga en personas con capacidad, independencia y mérito profesional.
Si queremos consolidar un sistema judicial confiable, se requiere privilegiar la excelencia y la especialización por encima de criterios políticos o de popularidad.
Importante que los ciudadanos tengan información suficiente
Asimismo, la reducción del número de candidaturas y la simplificación de las boletas electorales atienden parte de las complicaciones identificadas durante el proceso anterior.
Sin embargo, insistimos en que cualquier modificación debe garantizar que la ciudadanía cuente con información suficiente y condiciones que permitan un voto informado y responsable.
La legitimidad del sistema judicial no puede depender únicamente de procesos electorales, sino de la solidez institucional y la capacidad técnica de quienes integran los órganos jurisdiccionales.
La experiencia observada durante la elección judicial de 2025 evidenció diversas áreas susceptibles de mejora. La baja participación ciudadana, las inconsistencias operativas, la complejidad de las boletas, la insuficiencia de legislación secundaria y los cuestionamientos en torno a los mecanismos de selección de perfiles y candidaturas pusieron de manifiesto la necesidad de replantear distintos componentes del modelo. Todo ello, con el objetivo de preservar la independencia judicial y fortalecer el Estado de Derechos.
Diálogo abierto, técnico, académico y ciudadano
En este contexto, y ante el anuncio del gobierno de la República sobre una eventual discusión de ajustes en el Congreso de la Unión, consideramos indispensable promover un diálogo abierto, técnico, académico y ciudadano que permita incorporar propuestas que enriquezcan el texto final de la iniciativa.
Las reformas al sistema judicial tienen un impacto directo en la certeza jurídica, la inversión, la competitividad y la estabilidad democrática del país. México requiere instituciones sólidas, autónomas y confiables que generen certidumbre para las empresas, las personas trabajadoras y las familias mexicanas.
Frente a un entorno internacional complejo, marcado por presiones económicas, desafíos comerciales y la revisión próxima del T-MEC, el país requiere reducir factores de incertidumbre y fortalecer condiciones internas de confianza.
La consolidación del Estado de Derechos es indispensable para impulsar la inversión, generar empleo y aprovechar las oportunidades de relocalización productiva que hoy enfrenta México.
En Coparmex reiteramos nuestra disposición a participar activamente en la construcción de propuestas que fortalezcan la independencia judicial, la carrera jurisdiccional y la confianza institucional. México necesita reformas que consoliden contrapesos, fortalezcan la legalidad y garanticen justicia imparcial para todos. Sin certeza jurídica no existe desarrollo sostenible ni viabilidad económica.
