Viena, 21 de octubre de 2026.- La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD) alertó que menos del 5% de las investigaciones sobre tráfico ilícito de migrantes incluyen pesquisas por lavado de dinero. Este fenómeno ocurre pese a que las redes criminales cobran hasta 45 mil dólares por persona y exigen pagos en efectivo para ocultar sus ganancias.
El estudio difundido este miércoles analiza cómo se financian estas organizaciones, los montos que cobran a los migrantes y los métodos que usan para introducir sus beneficios en la economía legal. Según datos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la mayoría de los países no consideran el tráfico de migrantes como un delito de alto riesgo para el blanqueo, lo que limita las investigaciones y confiscaciones.
Las tarifas varían según la ruta, el transporte y los riesgos. Por ejemplo, algunos cruces terrestres cuestan menos de 20 dólares, mientras que viajes complejos que incluyen avión pueden superar los 45 mil dólares. En 2025, exfuncionarios sirios pagaron esa cifra a un traficante turco para llegar a Europa en buques mercantes.
Lavado de dinero en tráfico de migrantes
El predominio del efectivo dificulta rastrear los fondos. El 75% de los migrantes encuestados en rutas marítimas europeas pagaron en efectivo, mientras solo el 10% usó transferencias bancarias. Las redes también emplean intermediarios, empresas de envío de dinero y sistemas informales como el hawala para mover recursos sin dejar rastro.
Las organizaciones criminales tienen estructuras jerarquizadas con inversores, operadores y proveedores de servicios como transporte y documentos falsos. Parte de sus ingresos se destinan a sobornos y pagos a grupos armados. Los beneficios se blanquean mediante inversiones en bienes raíces, hoteles, restaurantes y empresas de transporte, entre otros.
Impacto y retos para la cooperación internacional
La ONU advierte que los beneficios pueden terminar en países fuera de las rutas migratorias, complicando la cooperación judicial internacional. Además, aunque el uso de pagos digitales y criptomonedas está en aumento, aún no se observa un uso extendido de estas para pagar directamente a traficantes.
Este informe destaca la necesidad de fortalecer las investigaciones financieras para desmantelar las redes y evitar que sus ganancias se integren a la economía formal, lo que perpetúa el crimen y la explotación de migrantes.
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