Madrid, España, 29 de septiembre de 2026.- El Gobierno español aprobó este martes dos decretos de vivienda para atender la crisis habitacional que afecta al país. La medida fue anunciada tras un acuerdo entre los socios de la coalición, el Partido Socialista (PSOE) y Sumar, que buscan responder a las demandas sociales urgentes.
Estos decretos incluyen la ampliación de la protección contra desahucios hasta 2023 y un veto a la compra de viviendas por parte de fondos buitre hasta 2028. Además, regulan los alquileres de habitaciones y viviendas temporales, y extienden automáticamente por dos años los contratos vigentes que finalicen antes de diciembre de 2028.
La crisis de vivienda cobró relevancia pública tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivió 70 años bajo un contrato de renta antigua en el barrio madrileño de El Retiro. Su caso generó protestas masivas y una acampada en la Puerta del Sol, donde activistas y el Sindicato de Inquilinas exigen contratos de alquiler indefinidos y el fin de los desahucios.
El Sindicato de Inquilinas advirtió que mantendrá las protestas si el decreto no cumple con sus demandas. Valeria Racu, portavoz del sindicato, calificó el decreto aprobado como un “decreto de mínimos” y afirmó que la lucha social continuará, ya sea con la acampada o con otras formas de movilización.
En paralelo, se alcanzó un preacuerdo para que Maricarmen pueda regresar a su vivienda tras negociaciones con la empresa propietaria Urbagestión. La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, explicó que la negociación fue posible tras la presión social y criticó la falta de respuesta de las administraciones públicas ante la crisis habitacional.
Maricarmen permanece hospitalizada desde su desahucio el 23 de septiembre y será informada próximamente sobre las condiciones del nuevo contrato. La decisión final sobre su regreso dependerá de ella, según indicaron sus representantes.
Medidas clave en los decretos de vivienda
Los decretos buscan ampliar la protección legal para inquilinos y limitar la especulación inmobiliaria. Entre las medidas destacan la renovación automática de contratos y la regulación de alquileres temporales, aspectos que el sindicato considera esenciales para garantizar estabilidad habitacional.
Protestas y presión social mantienen el debate vivo
La movilización en la Puerta del Sol y otras acciones sociales evidencian la tensión entre los derechos de los inquilinos y los intereses inmobiliarios. El Sindicato de Inquilinas advierte que la lucha continuará hasta lograr un decreto que elimine la temporalidad en los contratos y frene los desahucios.
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