Internacional, 28 de septiembre de 2026.- Un grupo independiente de expertos de Naciones Unidas advirtió que las deportaciones de Estados Unidos a terceros países están provocando una serie de violaciones graves a los derechos humanos. La crítica se centra en los acuerdos firmados por Washington con más de 35 países en desarrollo para recibir migrantes que no pueden ser devueltos legalmente a sus países de origen.
Desde enero de 2025, cuando Donald Trump asumió la presidencia, Estados Unidos ha implementado este plan que ha resultado en la expulsión de al menos 23 mil personas hacia países con los que no tienen vínculos directos. Los expertos señalaron que esta práctica incrementa el riesgo de tortura, malos tratos y desapariciones forzadas.
Además, estos acuerdos vulneran el principio internacional de no devolución (non-refoulement), ya que los migrantes son enviados a lugares donde enfrentan peligro o discriminación por género, orientación sexual, identidad de género o actividad en defensa de derechos humanos.
Impacto en migrantes vulnerables
El grupo de expertos, mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, alertó que los más afectados son niños, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de trata, personas LGBT y defensores de derechos humanos. Para estas poblaciones, las consecuencias pueden ser mortales, debido a la exposición a detenciones arbitrarias, esclavitud y trata de personas.
Los migrantes deportados sufren una experiencia traumática y aislante que agrava los daños que inicialmente los llevaron a huir hacia Estados Unidos. La situación se agrava en países como Burundi, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Libia y Sudán del Sur, donde se han firmado estos acuerdos.
Repercusiones y llamados internacionales
Organizaciones como Amnistía Internacional han pedido la eliminación total del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, acusando violaciones masivas de derechos humanos. Por su parte, tribunales estadounidenses han impuesto restricciones para que las deportaciones a terceros países incluyan un aviso previo.
Los expertos de la ONU instan a frenar estas deportaciones para evitar más muertes y abusos. La comunidad internacional observa con preocupación cómo estas políticas afectan a miles de migrantes en situación de extrema vulnerabilidad.
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