Madrid, España, 26 de septiembre de 2026.- Miles de personas marcharon el sábado en las calles de Madrid para protestar contra el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue retirada de su vivienda tras casi siete décadas habitándola. La manifestación exigió medidas urgentes para frenar el aumento del costo de la vivienda y proteger a los inquilinos.
El desalojo de Abascal ocurrió el miércoles cuando la policía derribó la puerta de su apartamento. Las imágenes de la mujer siendo sacada en camilla han reavivado el debate sobre la crisis habitacional en España, a poco más de un año de las elecciones generales previstas para 2027.
“Tú podrías ser la próxima Maricarmen”, rezaban algunas pancartas durante la marcha que recorrió el centro de Madrid. Los manifestantes demandaron una mayor regulación para evitar desalojos forzosos y controlar el incremento de los alquileres.
Maricarmen Abascal, hospitalizada por agotamiento tras el desalojo, difundió un mensaje en video en el que pidió que su caso sirva para impulsar cambios legales. “Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas”, afirmó, según difundió el principal sindicato de inquilinos de España.
Protesta en Madrid y la crisis de la vivienda
El sindicato explicó que Abascal tuvo que abandonar su hogar luego de que una empresa inmobiliaria comprara el edificio y aumentara el alquiler en un 275%, hasta 2 mil 650 euros mensuales. Este caso ha generado una ola de protestas en varias ciudades españolas.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, enfrenta creciente presión para actuar ante esta crisis. Se espera que en la próxima reunión del Consejo de Ministros se apruebe un paquete de medidas conocido como “decreto Maricarmen”, que contempla la renovación automática de contratos y restricciones a los desalojos.
Medidas y desafíos para el gobierno español
No obstante, la aprobación del decreto aún es incierta, ya que el Ejecutivo carece de mayoría parlamentaria. Un proyecto similar fue rechazado a principios de 2026, pero el caso de Abascal ha intensificado el debate político y social sobre la necesidad de proteger el derecho a la vivienda.
La movilización ciudadana continúa mientras se espera que el gobierno concrete acciones para mitigar el impacto de la crisis habitacional en España.
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