
Internacional, 25 de septiembre de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, planea desplegar más de 1,000 observadores electorales en los centros de votación durante las elecciones de noviembre, en lo que se ha descrito como la mayor campaña de observación electoral en la historia de esta dependencia.
Despliegue masivo y controversias
Esta iniciativa busca intensificar el escrutinio sobre los procesos electorales, en un contexto donde el presidente Trump ha reiterado sus afirmaciones, sin pruebas concluyentes, sobre fraude generalizado en las elecciones estadounidenses. La subsecretaria de Justicia, Harmeet Dhillon, calificó este esfuerzo como la “mayor campaña de observación electoral del Departamento de Justicia en la historia”.
Durante las elecciones primarias de este año, algunos observadores del Departamento de Justicia, incluidos abogados recién contratados, participaron en estados como Arizona y Virginia. Registros indican que algunos de estos observadores estuvieron involucrados previamente en impugnaciones relacionadas con la derrota electoral de Trump en 2020, y uno se declaró culpable por acceder ilegalmente a un sitio web electoral en 2016.
Si bien la mayoría de las jurisdicciones no reportaron problemas con la presencia de estos observadores, en Wyoming se registraron acusaciones de comportamiento perturbador por parte de observadores federales, lo que generó tensiones incluso en un estado tradicionalmente republicano.
Supervisión partidista y enfoque en máquinas de votación
Paralelamente, el Comité Nacional Republicano (RNC) está capacitando a nuevos “observadores especiales” para supervisar minuciosamente las máquinas de votación, incluyendo la revisión de números de serie, precintos de seguridad y la documentación de resultados. Estos observadores reportarán cualquier irregularidad a través de una línea directa especial para que el equipo legal del partido pueda actuar rápidamente.
Esta operación, activa en 22 estados, se concentra en lugares con márgenes republicanos estrechos o antecedentes de problemas electorales. Según el RNC, esta infraestructura ha contribuido a más de 175 demandas judiciales en 2024 y se espera superar esa cifra en 2026.
Funcionarios del Departamento de Justicia han asegurado que sus observadores actuarán conforme a las obligaciones legales y éticas, rechazando que estas acciones busquen generar disputas infundadas. Sin embargo, expertos y autoridades electorales advierten que la ampliación de esta red podría aumentar la magnificación de incidentes menores y alimentar narrativas de desconfianza en el proceso electoral.
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