13 DE MAYO DEL 2026 – INTERNACIONAL. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, envió este martes un mensaje contundente al gobierno mexicano respecto a la seguridad binacional. Durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el funcionario reiteró que la administración de Donald Trump espera resultados más sólidos en el combate a las drogas. La postura de Washington es clara: si las autoridades locales no logran frenar el avance de las organizaciones criminales, el país vecino evaluará acciones directas en territorio compartido.
Hegseth subrayó que es necesario que México dé un “paso hacia el frente” para atacar con mayor rigor las estructuras del crimen organizado. Esta presión surge tras los reportes de legisladores sobre la creciente tecnificación de los grupos delictivos, quienes ahora utilizan drones y realizan incursiones en suelo estadounidense. El jefe del Pentágono enfatizó que el objetivo es evitar que las fuerzas armadas de su país tengan que realizar una intervención contra el narcotráfico por cuenta propia, una posibilidad que el presidente Trump ya había adelantado días atrás.
Cooperación militar y soberanía nacional
A pesar de las advertencias, el secretario Hegseth describió la relación actual entre ambas naciones como una “colaboración sin precedentes”. Hizo un llamado directo a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina de México para que continúen trabajando como socios estratégicos y aumenten la intensidad de sus operativos. Sin embargo, la prioridad de Washington se centra ahora en erradicar el tráfico de fentanilo, lo que ha llevado a Estados Unidos a clasificar a los principales grupos delictivos como organizaciones terroristas para justificar cualquier futura acción armada contra el narco.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha mantenido una postura firme en defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier intento de presencia militar extranjera. Aunque el gobierno mexicano reconoce la importancia de trabajar juntos, apela al respeto mutuo y a la independencia de sus instituciones. La tensión se mantiene elevada, ya que la Casa Blanca insiste en que, si no se detiene el flujo de sustancias ilícitas, la ofensiva contra el narcotráfico podría ser ejecutada por las agencias estadounidenses sin esperar la aprobación local.
El caso Rocha Moya y la tensión política
La situación se ha complicado aún más tras las recientes acusaciones en tribunales federales de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El mandatario estatal, junto con otros nueve funcionarios, enfrenta cargos relacionados con el tráfico de drogas y armas, lo que ha puesto nuevamente el foco sobre la infiltración criminal en la política. Para el gobierno estadounidense, estos casos son pruebas de que se requiere una operación contra el narcotráfico mucho más profunda que alcance a las altas esferas del poder público.
Finalmente, el gobierno de México ha respondido de manera cautelosa, señalando que, aunque existe una solicitud de extradición, Estados Unidos no ha presentado las pruebas suficientes que demuestren la culpabilidad del gobernador. Mientras las discusiones legales continúan, la presión diplomática no cede. La Casa Blanca mantiene la guardia alta, asegurando que el combate a las drogas es su máxima prioridad y que no dudarán en aplicar una estrategia contra el narcotráfico más agresiva si los resultados en la frontera no mejoran a corto plazo.
