En la conferencia de prensa matutina de este 13 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la grave situación que atraviesa la Montaña Baja de Guerrero, específicamente en el municipio de Chilapa de Álvarez. La mandataria afirmó que el objetivo principal de su gobierno es “pacificar mediante el diálogo” la región, donde comunidades indígenas nahuas han sido blanco de ataques. Según indicó, el gabinete de seguridad ya trabaja para proteger a la población con el despliegue de la Guardia Nacional y atender a las familias que han tenido que huir.
Sin embargo, la realidad en el terreno muestra un escenario de extrema urgencia, ya que desde el pasado 6 de mayo se intensificaron los ataques armados del grupo criminal Los Ardillos. Comunidades como Tula, Xicotlán y Alcozacán han reportado el uso de armas de grueso calibre y drones con explosivos contra la población civil. Las organizaciones indígenas rechazan que se trate de simples enfrentamientos, calificando los hechos como un asalto directo que busca el control territorial a través del terror.
Desplazamiento forzado y el reto de la seguridad
La crisis ha provocado el desplazamiento forzado de más de 800 familias, lo que representa cerca de mil personas que han abandonado sus hogares para salvar la vida. A pesar de la apuesta por el diálogo del gobierno federal, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero (CIPOG-EZ) denuncia la desaparición de al menos cuatro personas y un hostigamiento constante. Para estas comunidades, la estrategia de pláticas choca con la presencia de un grupo criminal que utiliza tácticas paramilitares y tecnología militar para someter a autoridades tradicionales.
Este enfoque conciliador en la Montaña de Guerrero contrasta notablemente con los operativos aplicados en otras regiones del país donde se ha buscado una recuperación territorial más directa. Mientras la administración enfatiza la atención humanitaria y el regreso voluntario de los desplazados, las víctimas señalan años de inacción gubernamental. La efectividad de esta política de “diálogo” está bajo la lupa, pues las familias exigen garantías de seguridad que impidan que los grupos armados sigan operando con impunidad en sus tierras.
Contraste de resultados: Guerrero frente a Quintana Roo
Un punto de análisis fundamental es la diferencia de resultados entre estados; mientras en Guerrero la violencia persiste, en Quintana Roo el gobierno celebra reducciones históricas. Datos oficiales indican que en el estado del Caribe se pasó de un promedio de 2 homicidios diarios en 2024 a solo 0.37 en abril de 2026. Se presume que en Quintana Roo la coordinación federal y las detenciones estratégicas han funcionado, logrando registrar apenas 11 casos de homicidio en un mes completo.
Esta disparidad genera cuestionamientos sobre si la estrategia de seguridad se aplica de forma selectiva según la importancia económica de la zona. En la Montaña de Guerrero, la violencia parece más arraigada y la respuesta federal se percibe como reactiva frente al éxito numérico presumido en las zonas turísticas. El desafío para la presidenta Sheinbaum será demostrar que el diálogo puede desmantelar el poder de grupos como Los Ardillos y permitir el retorno seguro de las familias desplazadas a sus comunidades de origen.
