12 DE MAYO DEL 2026 – NACIONAL. La situación en la Montaña Baja de Guerrero ha alcanzado un punto crítico tras seis días de agresiones ininterrumpidas. Integrantes del Concejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunciaron el asesinato de tres de sus miembros, José Guadalupe Ahuejote Xantenco, Víctor Ahuejote Arribeño y Abraham Jiménez Chautla, a manos de un grupo delictivo. Este conflicto armado en Chilapa ha dejado además a dos personas desaparecidas, mientras la población civil se encuentra atrapada en medio de ataques realizados con armas de alto calibre y explosivos lanzados desde drones dirigidos contra comunidades nahuas.
El terror se intensificó en la comunidad de Alcozacán, lugar que servía como refugio para cientos de personas que ya habían huido de otros pueblos cercanos. Este episodio violento en Chilapa ha provocado que familias enteras de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán tengan que abandonar sus hogares por segunda o tercera vez para salvar sus vidas. Los cuerpos de dos de las víctimas fueron hallados cerca del crucero de Papaxtla, abandonados en la carretera durante la madrugada, lo que confirma la brutalidad con la que operan los grupos que buscan el control territorial.
Desplazamiento forzado y falta de seguridad
A pesar de las declaraciones oficiales que minimizan la magnitud del problema, los líderes comunitarios aseguran que la cifra de personas en el exilio es alarmante. Jesús Plácido Galindo, dirigente del Cipog-EZ, desmintió las cifras del gobierno estatal y afirmó que son más de mil los afectados por este hostigamiento en Chilapa. En videos difundidos en redes sociales, se puede observar a mujeres y niños caminando por senderos accidentados y carreteras, huyendo sin un rumbo fijo mientras sus pueblos son incendiados y sus animales sacrificados por los atacantes.
La ausencia de las fuerzas del orden es la principal queja de los habitantes, quienes se sienten abandonados por las autoridades federales y estatales. Aunque se ha mencionado la presencia de militares y la Guardia Nacional, los pobladores sostienen que en las zonas de mayor peligro no hay vigilancia efectiva para detener el asedio criminal en Chilapa. Los grupos comunitarios acusan que las instituciones solo intervendrán cuando los agresores tengan el dominio total de la región, lo que ha generado un sentimiento de profunda desesperanza e indefensión entre las familias indígenas.
Llamado urgente a los organismos internacionales
La resistencia de la policía comunitaria es lo único que ha impedido que más localidades caigan bajo el poder del grupo delictivo, pero sus recursos son limitados frente a la tecnología de drones y armas largas. Los refugiados han emitido comunicados dirigidos a organismos de derechos humanos y colectivos internacionales, solicitando una intervención inmediata ante la crisis de inseguridad en Chilapa. Denuncian que, mientras la presidencia afirma que se está atendiendo a los pueblos, la realidad en el terreno es de bombardeos constantes y una soledad absoluta bajo el fuego enemigo.
El asalto a la comunidad de Alcozacán ha sido el golpe más reciente, obligando a los exiliados a buscar nuevos escondites en la montaña. Los habitantes exigen que la ayuda no sea solo en papel, sino que se traduzca en botas sobre el terreno y protección real para los 16 pueblos que conforman su organización. Este atentado en Chilapa representa no solo una tragedia humanitaria por el número de desplazados, sino un desafío directo al Estado de derecho en una de las zonas más vulnerables y olvidadas del estado de Guerrero.
