Ciudad de México, 8 de septiembre de 2026.- El diputado federal Edén Garcés Medina, integrante de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud. Propone imponer penas de cinco a ocho años de prisión a quienes vendan medicamentos robados del sector público. Además, plantea multas equivalentes a 10 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), alrededor de un millón 173 mil pesos.
Propuesta para sancionar la venta de medicamentos robados
Actualmente, la legislación solo sanciona la falsificación o venta de medicamentos o muestras del sector público. La iniciativa busca ampliar estas sanciones para combatir el mercado negro que se alimenta del robo a instituciones públicas de salud. Según el diputado, el desabasto de medicamentos, especialmente oncológicos, está vinculado a esta problemática.
El documento legislativo cita un estudio de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Este señala que seis de cada 10 fármacos vendidos en tianguis o lugares no autorizados son robados, caducos o falsificados. Esto pone en riesgo a casi ocho millones de personas que podrían ser víctimas de este mercado ilegal.
Se estima que para finales de 2023, el valor del mercado ilegal de medicamentos superó los 32 mil millones de pesos, un aumento del 78% respecto a 2019. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que más de 700 mil personas mueren anualmente en el mundo por consumir medicamentos falsificados o ilegales.
Impacto y seguimiento de la iniciativa
La propuesta de Morena busca endurecer las sanciones para frenar el robo y la venta ilegal de medicamentos en México. De aprobarse, se establecerían penas de prisión y multas significativas para quienes participen en este delito. Esto podría contribuir a reducir el desabasto y proteger la salud pública.
El siguiente paso será la discusión y posible aprobación en comisiones y el pleno de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, el mercado negro continúa representando un riesgo para la población que depende de medicamentos del sector público.
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