Washington, 19 de agosto de 2026.- La cadena de televisión ABC, propiedad de Disney, presentó una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos por la amenaza a sus licencias de transmisión. La acción legal fue interpuesta en un tribunal federal de Washington y busca detener la revisión anticipada de ocho licencias locales de ABC.
La FCC, bajo la presidencia de Brendan Carr, aliado del expresidente Donald Trump, ordenó en abril una revisión anticipada poco común de las licencias, que aún no estaban próximas a expirar. Esta medida ha sido interpretada por ABC como una represalia directa por el contenido que transmite la cadena.
La demanda acusa a la administración de Trump de utilizar la FCC para presionar a ABC debido a su línea editorial. Según el documento legal, la Comisión ha intensificado sus ataques hasta exigir explícitamente la revocación de las licencias de transmisión de las estaciones afectadas.
Trump ha criticado públicamente a ABC en varias ocasiones, especialmente al presentador Jimmy Kimmel, y ha sugerido retirar licencias a la cadena. La demanda señala que esta presión constante culminó en la actual amenaza a las licencias de las ocho estaciones propiedad de ABC.
Acusaciones de represalia y defensa de la libertad de expresión
El texto legal sostiene que la revisión anticipada de las licencias busca coaccionar a ABC para que ceda ante las exigencias del gobierno. Los demandantes argumentan que esta acción viola su derecho a la libertad de expresión protegido por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
Anna Gómez, comisionada de la FCC designada por un presidente demócrata, apoyó la demanda y calificó las acciones de la Comisión como una forma de intimidación gubernamental contra la cadena.
Implicaciones y próximos pasos legales
La demanda representa un desafío legal significativo a la FCC y a la administración Trump, con posibles repercusiones en la regulación de medios y la protección de derechos constitucionales en Estados Unidos. El tribunal federal deberá decidir si suspende la revisión anticipada y cómo proceder ante las acusaciones de represalia.
Este caso pone en el centro del debate la relación entre el gobierno y los medios de comunicación, así como los límites del poder regulador frente a la libertad de prensa.
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