Almoloya de Juárez, Estado de México, 12 de agosto de 2026.- El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue vinculado a proceso este miércoles por su presunta participación en el ocultamiento de evidencia relacionada con el caso Ayotzinapa. Un juez de control ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que Aguirre permanecerá recluido en el Penal Federal del Altiplano durante al menos cuatro meses.
Ángel Aguirre vinculado a proceso por desaparición forzada
Tras una audiencia que duró casi 14 horas, Mario Martínez Elizondo, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas suficientes para procesar al exmandatario por el delito de desaparición forzada de personas cometida por servidores públicos. Este delito puede alcanzar una pena de 40 a 60 años de prisión.
El juez reclasificó el delito inicialmente imputado, de desaparición forzada de personas, a desaparición forzada cometida por servidores públicos, ajustando así la acusación conforme a los elementos presentados por la Fiscalía.
Durante la audiencia, el juez no aceptó los 31 datos de prueba que la FGR expuso para argumentar que Aguirre no recibió ni ordenó la destrucción de grabaciones de los hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Dos testigos señalaron esta supuesta acción, pero la defensa del exgobernador argumentó que él se encontraba en la Ciudad de México en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el 29 de septiembre de 2014, fecha en la que supuestamente se destruyeron los videos.
Implicaciones legales y próximos pasos en el caso Ayotzinapa
La vinculación a proceso implica que el caso seguirá en etapa de investigación complementaria durante al menos cuatro meses, tiempo en el que la Fiscalía deberá reunir más pruebas para sustentar la acusación. Mientras tanto, Ángel Aguirre permanecerá en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Este proceso judicial se enmarca dentro de las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, un caso que ha generado gran impacto nacional e internacional. La decisión judicial refleja la continuidad en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.
El seguimiento del caso será clave para determinar si se amplían las imputaciones o si se presentan nuevas evidencias que permitan esclarecer los hechos ocurridos en Iguala.
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