
Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que detuvo al exgobernador de Guerrero, Ángel N., por presuntamente ordenar la ocultación de videos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
En un videomensaje, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos detalló que la investigación se basó en un reanálisis del expediente y nuevos testimonios obtenidos durante 2026. Estos elementos apuntan a que el exmandatario habría ordenado destruir grabaciones captadas por cámaras de vigilancia en el Palacio de Justicia de Iguala la noche en que desaparecieron los estudiantes.
Un colaborador declaró en enero de 2026 que los videos sí existían y fueron retirados para entregarlos directamente al entonces gobernador. Además, guardó silencio por amenazas. Otro testigo protegido, en mayo de 2026, señaló que Aguirre encabezó una reunión con funcionarios para ordenar la desaparición de cualquier evidencia relacionada con los hechos.
Ángel Aguirre detenido por ocultar videos de Ayotzinapa
La FGR cuenta con pruebas que acreditan que la instrucción para ocultar las grabaciones fue dada directamente por el exgobernador con la participación de altos servidores públicos estatales. Según la fiscal, esta acción fue una operación dolosa y estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal.
Las cámaras 12 y 15 registraron el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, con estudiantes a bordo, fue detenido por policías municipales y estatales. Durante años se sostuvo que las grabaciones no existían por fallas técnicas, pero la FGR desmintió esa versión.
Impacto y seguimiento en la investigación
La orden de aprehensión contra Ángel N. se ejecutó este miércoles en el Estado de México por los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia. La fiscal general aseguró que la investigación continuará para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes y que mantendrán informadas a las familias conforme al debido proceso.
Ángel Aguirre gobernaba Guerrero cuando ocurrió la desaparición en septiembre de 2014. Tras la crisis, solicitó licencia para facilitar las investigaciones. Desde entonces, el caso ha tenido múltiples cambios y procesos contra policías, militares y exfuncionarios.
Las actuales autoridades federales han descartado la llamada “verdad histórica” presentada en sexenios anteriores. La detención del exgobernador representa un avance en una investigación que aún no esclarece el destino de los estudiantes desaparecidos.
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